UN DAÑO IRREVERSIBLE A LOS JUECES

Los magistrados merecen más respeto de todos. Mantener al CGPJ cuatro años en prórroga, y casi dos bajo la prohibición de hacer nombramientos, perjudica a la judicatura y también a la sociedad

LA crisis derivada del nuevo fracaso de PSOE y PP en la negociación para renovar el Consejo General del Poder Judicial, ya con cuatro años de retraso, no tiene solo una implicación política, en la que los dos partidos se han desgastado mucho demostrando una incapacidad extrema para pactar órganos esenciales para el funcionamiento del Estado. Tiene también una derivada profesional y personal para cientos de jueces que ven cómo sus órganos judiciales no pueden ser renovados tampoco tras la jubilación de alguno de sus miembros, o que acumulan retrasos a la hora de dictar sentencias, o que ven perjudicada cualquier posibilidad de promoción en su propia carrera. El bloqueo del Poder Judicial y la decisión del Gobierno de privarle de algunas funciones, principalmente el veto a poder realizar nombramientos, se está convirtiendo en una agonía perpetuada en el tiempo. La parálisis abocará a final de año a que no se hayan cubierto más de 70 plazas relevantes, entre presidencias de audiencias provinciales, de tribunales superiores y del propio Supremo. En este hay ya dieciséis vacantes sin cubrir, y alcanzarán las diecinueve en diciembre, lo que ha empezado a afectar al normal funcionamiento de algunas de sus salas.

Esta situación no afecta solo a la credibilidad de los dos principales partidos por su tacticismo, su oportunismo y su reparto de culpas mutuas. Perjudica el funcionamiento de los órganos judiciales y, en cascada, a los ciudadanos ya que si persiste esta anomalía democrática, están en riesgo de ver ralentizados muchos procesos judiciales más allá de la exasperante lentitud con que habitualmente funciona la Justicia, con o sin retrasos en la renovación del CGPJ. Además, crecen las quejas contra la inacción del Ministerio de Justicia por no dotar con suficiente presupuesto extraordinario el refuerzo de tribunales.

La crisis del Poder Judicial también alcanza a la renovación del Tribunal Constitucional, una vez que PSOE y PP decidieron –antes del fallido acuerdo– que la negociación para ambos órganos sería conjunta. Al final, el empantanamiento, la desconfianza, la pérdida de crédito y el desprestigio toca a estas instituciones globalmente y la percepción de un ‘pasteleo’ constante se hace insoportable. Por eso cobra sentido el creciente malestar tanto en el TS como en ámbitos del propio CGPJ lamentando que el TC no haya accedido aún a deliberar los recursos que tiene pendientes de resolver contra la decisión del Gobierno de maniatar al CGPJ, y contra el oportunismo de La Moncloa de levantar ese castigo al Consejo, pero única y exclusivamente para nombrar a dos magistrados del TC, que es el deseo de Pedro Sánchez para poder disponer de mayoría ideológica.

En efecto, si el TC resolviese los recursos con urgencia, se aclararía el panorama y se determinaría si la invasiva reforma que hizo Pedro Sánchez contra el CGPJ es constitucional o no. Si fuese declarada ilegal, el Consejo podría volver a hacer nombramientos de inmediato y se resolvería en buena parte la situación, al menos para el normal funcionamiento de los tribunales. La presión sobre el presidente del TC para acelerar el debate es creciente y lógica, y su presidente, Pedro González-Trevijano, está obligado a hacer frente a la situación con la mayor prontitud, porque de lo contrario, lo que está sucediendo en estos momentos, aparenta una manera de evitar asumir las responsabilidades obligadas del cargo. Debe resolverse cuanto antes un debate que está dañando a la Justicia de forma evidente. Los jueces merecen más respeto de todos. Mantener al CGPJ cuatro años en prórroga, y casi dos bajo la prohibición de hacer nombramientos, no solo perjudica a la judicatura, sino también a la sociedad.