Licencia para irse
LO que habría que hacer con el delito de sedición es agravarlo, no aminorarlo, para ponerlo en su justa categoría. Sedición, según el Diccionario de la Real Academia Española es «el alzamiento colectivo y violento contra la autoridad, el orden público o la disciplina militar, sin llegar a la gravedad de la rebelión». Y díganme ustedes si no son sediciosos los separatistas o partidarios de acabar con la España que hemos heredado de nuestros antepasados para implantar un régimen que nada tiene que ver con ella y que, por cierto, ha fracasado en cuantas naciones lo intentaron, excepto si se mantiene por la fuerza.
O, sencillamente, díganme si lo ocurrido en Cataluña en octubre de 2017 no se ajusta con pelos y señales a la definición académica, que a su vez se refleja con los delitos correspondientes en el Código Penal. Me refiero a la confabulación para celebrar un referéndum sobre la independencia de aquella Comunidad, aprobado por su Parlament,
aunque de inmediato se retractase, lo que no impidió que se celebrara con todo tipo de resistencia física a que las Fuerzas de Seguridad lo frustraran; junto a algaradas callejeras que incluyeron el cerco de la comisaría de Policía de Vía Layetana y de la cercana Delegación de Hacienda, todo ello para evitar que funcionarios civiles, por orden de un juez, recogieran el material necesario para instruir el caso pertinente, hasta el punto de que tuvieron que salir por la terraza o la puerta trasera. Por no hablar ya de la trapatiesta armada en las calles colindantes, que incluyó la arenga de dos líderes independentistas desde el capó de un abollado coche patrulla a la multitud vociferante, los contenedores de basura volcados y los vehículos ardiendo.
El resultado de todo ello fue un juicio de los acontecimientos de la plana mayor del secesionismo, cuyo principal y prácticamente único argumento fue que se «sintieron ponderados para hacer lo que hicieron». O sea, que si tras una noche de copas se hubieran sentido ponderados a incendiar el Palau, lo hubieran hecho. Naturalmente no coló y todos fueron condenados según su rango.
Lo más curioso es que, pasado un tiempo prudencial, el Gobierno, no de Cataluña, sino de España, los indultó aunque siguen diciendo que volverán a hacerlo cuando lo crean oportuno. Y uno se pregunta si ese Gobierno, que es el nuestro, no se ha convertido en cómplice indirecto de un delito de sedición al intentar rebajar la gravedad y la pena del mismo negociando con aquellos que lo cometieron, que son quienes le mantienen en el poder. Pero ¡quia! Aquí, los únicos que violan la Constitución son quienes la defienden, mientras tienen sentido de Estado quienes lo cuartean.
Uno se pregunta si el Gobierno no se ha convertido en cómplice indirecto de un delito de sedición al intentar rebajar la gravedad y la pena del mismo