∑El impacto al ciudadano es claro: el TS acabará el año con el 25% de la plantilla vacante y casi 2.000 sentencias menos
Corría el mes de noviembre de 2018 cuando una docena del medio centenar de jueces aspirantes a vocales y ocho juristas propuestos por PP y PSOE se quedaban a las puertas de entrar en el Consejo General del Poder Judicial. El primer intento de acuerdo se frustraba pero confiaban en que cuando se reactivaran las conversaciones, quizá unos meses después, se siguiera contando con ellos. Tampoco fue posible en la segunda ocasión, en marzo de 2021. Han pasado cuatro años desde aquel primer pacto frustrado, y al menos en el cupo de juristas se da por hecho que perfiles tan políticos como eran los del abogado y diputado popular José Miguel Castillo o como el del senador Manuel Altava no tendrán ya la mínima oportunidad de optar al Consejo. Pero tampoco aquellos que por jubilación, hartazgo o incluso fallecimiento se han caído de la lista de candidatos de las asociaciones judiciales en este último intento por cerrar un pacto político que ya contemplaba alguna medida para reforzar la independencia del Poder Judicial.
La dimisión del presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, el pasado octubre, escenificó la gravedad de la crisis institucional abierta ante el bloqueo en el órgano de gobierno de los jueces, y aunque inicialmente abrió la puerta a la esperanza de un acuerdo (apenas unas horas después de comunicar su renuncia Gobierno y PP se mostraban dispuestos por fin a pactar), unos días más tarde las fichas volverían a estar en la casilla de salida. O aún peor, porque a las consecuencias de ese bloqueo del que en diciembre se cumplirán cuatro años se suman las derivadas de la renuncia de Lesmes al frente del Consejo General del Poder Judicial. La imposibilidad de hacer nombramientos en la cúpula judicial, salas funcionando a medio gas, el ultimátum del Ejecutivo al CGPJ para hacerse con el control del TC o la amenaza de una reforma de las mayorías para la elección del Consejo han engordado esta bola de nieve que ya impacta contra el ciudadano. Estas son algunas de las derivadas de una crisis inédita en democracia.
En el tejado del TC
En el Poder Judicial hay un profundo malestar con el presidente del Tribunal Constitucional, el conservador Pedro González Trevijano, por no haber llevado a Pleno los recursos del PP y de Vox contra la reforma que desde 2021 impide al CGPJ en funciones hacer nombramientos en la cúpula judicial. Vocales, juristas y jueces consideran que la resolución de este asunto en un sentido o en otro contribuiría a clarificar el panorama, pues si la reforma promovida por el PSOE se declara inconstitucional, el Consejo podría recuperar la competencia de los nombramientos y resolver el problema de las vacantes en la cúpula judicial. Las ponencias relativas a estos recursos, favorables a desestimarlos, están en manos de los magistrados progresistas Juan Antonio Xiol y María Luisa Balaguer. En el supuesto de que el actual Pleno, de mayoría conservadora, votara a favor de la inconstitucionalidad de la reforma, ambos magistrados tendrían la opción de cambiar la ponencia o de renunciar a ella, de forma que fuera asumida por otro compañero en el sentido de la mayoría. Pero si el presidente no lleva el asunto a Pleno lo que ya está claro es que será el nuevo TC de mayoría progresista el que resuelva. Entonces ya no estará el presidente, González Trevijano, ni tampoco Xiol, que abandonará el TC en la renovación del tercio del tribunal que podría consumarse en cuestión de semanas.
El vocal Mario Macías considera la actuación del TC «desafortunada», pues va a provocar que la decisión acabe siendo tomada por un órgano de composición diferente del que debiera haberla adoptado. «Traslada una indeseable apariencia de manipulación política de esa concreta decisión. La ‘pax romana’ en la que en apariencia se ha instalado el TC no es real; en este caso, no hacer supone tomar partido y mediatizar el contenido de una decisión», señala en alusión directa a la postura de González Trevijano.
En la misma línea, el presidente del TSJ de Castilla-La Mancha, Vicente Rouco, opina que «el TC debería hacer su trabajo, decirnos ya si un poder del Estado puede estar atado de pies y manos». Y es que, a su juicio, esto no es una decisión que pueda afectar a un partido en una campaña electoral, sino que afecta a las instituciones del Estado. «Es como si al TC le privaran de dictar sentencias o al Gobierno, de la acción de dirigir a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado», dice Rouco, para defender la absoluta urgencia del
José Luis Núñez
«El bloqueo en los nombramientos puede estar frenando la promoción profesional de unos 600 jueces»