Cuba y EE.UU. avanzan hacia un nuevo deshielo
Empresarios estadounidenses, que visitaron hace unos días La Habana, para que inviertan en la isla
nos veintisiete empresarios norteamericanos y cubanoamericanos participaron hace unos días en una conferencia empresarial en La Habana, organizada por la Cámara de Comercio y el grupo Focus Cuba con el objetivo de impulsar negocios con el régimen cubano. El mandatario de Cuba, Miguel Díaz-Canel, les tendió la alfombra roja para que inviertan en la isla; al recibirlos oficialmente afirmó que «estamos abiertos a fortalecer el diálogo y las relaciones con cualquier país del mundo y en particular con los Estados Unidos», así como se refirió a la necesidad de «construir puentes».
Desde 2016 no se organizaba un foro de negocios como este. El embargo estadounidense limita las posibilidades de negocios con la dictadura castrista, por lo que se trata de un intercambio con condiciones donde es el régimen cubano el que impone las reglas.
El evento se sustenta en recientes medidas adoptadas por ambas naciones: en septiembre último, por vez primera en más de sesenta años, Cuba abrió las puertas a la inversión extranjera en el comercio mayorista y minorista, así como en el sector privado; de igual forma, en mayo pasado, Biden anunció la posibilidad de que norteamericanos inviertan en el sector privado en Cuba.
UUn mercado de alto riesgo
En este sentido, el economista cubano Emilio Morales advierte que Cuba es un mercado de alto riesgo y, por tanto, invertir es «un suicidio seguro» pues el sistema político-económico no brinda las garantías necesarias. «La única forma de invertir en la isla de manera exitosa y segura será cuando en La Habana exista un gobierno democrático que promulgue leyes que permitan el libre mercado, la libre empresa y la libertad ciudadana».
Durante el encuentro, uno de los representantes de la empresa norteamericana de consultoría y viajes a la isla Focus Cuba, Phil Peters, declaró que, pese a que se han tomado algunas medidas, «todavía no es igual que cuando estaba Obama», cuando tuvo lugar el primer deshielo promovido por la Administración demócrata de 2014.
A diferencia del hostil período durante la Administración de Trump (20162020), en los últimos meses la de Biden ha suavizado las sanciones a Cuba: se permitieron más vuelos a la isla, se establecieron menos restricciones a las remesas, se permitió la inversión en empresas privadas, reabrió la embajada en La Habana, reiniciaron los procesos consulares tras cinco años interrumpidos, y a mediados de octubre el Departamento de Estado informó que la Usaid (Agencia de EE.UU: para el Desarrollo) entregaría dos millones de dólares en ayuda humanitaria a Cuba para la recuperación de las comunidades devastadas por el huracán Ian.
Aunque el Gobierno estadounidense insiste en no reconocerlo, el panorama evidencia que se trata de un segundo deshielo entre ambas naciones, el cual está ocurriendo en medio de una de las más crudas etapas de represión en la isla, con más de mil presos políticos y el mayor éxodo migratorio de la historia del país (unos 224.000 cubanos han entrado a EE.UU. en el último año).
«Estado mafioso»
Esta política complaciente por parte de los EE.UU. hacia Cuba se basa en suponer que un empoderamiento económico favorecerá la emergencia del poder político. Sin embargo, no existe tal sector realmente privado. Si bien existen empresarios o productores nacionales –cuentapropistas–, su influencia y crecimiento es muy limitado y el régimen los asfixia.
Para los cubanos es casi imposible abrir empresas, las mismas deben cumplir una serie de requisitos engorrosos que, lejos de promoverlos, los dificulta; es el Estado quien decide qué licencias aprobar y cuáles no. Los aprobados sobreviven sin garatías jurídicas y bajo un férreo control gubernamental y algunos
A diferencia del hostil período durante la Administración de Trump, en los últimos meses la de Biden ha suavizado las sanciones a Cuba
de esos nuevos «empresarios» son viejos agentes de la Seguridad del Estado.
De hecho, el monopolio gubernamental de la economía se realiza a través de GAaesa (Grupo de la Administración Empresarial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias), entidad que, según se estima, controla alrededor del 80 por ciento de la economía cubana, y pertenece a la familia Castro y la cúpula gobernante.
Norges Rodríguez, director del medio independiente YucaByte, explicó a ABC que esta es una fórmula promovida por EE.UU. en Rusia, China y Vietnam, esto es, favorecer cambios económicos esperando que eso lleve a cambios políticos. Sin embargo, «hemos visto que en estos tres países ha fracasado ese plan. En Vietnam y China gobiernan regímenes comunistas que no respetan la democracia, y en Rusia, tras la caída del campo socialista, los viejos militantes del partido se convirtieron en los nuevos oligarcas y, quien dirigiera la KGB, es hoy el presidente y lo ha sido la mayor parte del tiempo desde entonces. Eso es lo que no queremos para Cuba, por eso no apoyamos lo que llamamos el cambio-fraude», destacó.
Lo que este periodista independiente llama «cambio-fraude» es la implementación de ciertos cambios por parte del régimen cubano con el objetivo de que la élite (la familia Castro y un grupo selecto) mantenga el poder en el país: un maquillaje al régimen dictatorial, o lo que Juan Antonio Blanco Gil, director de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba y del Observatorio Cubano de Conflictos, llama «modernización del Estado mafioso».