Un Gobierno en rebeldía con el BCE, que amenaza la compra de deuda de España

E Slo que tiene gobernar con propaganda: todo se improvisa para ganar titulares y nada se medita con la antelación suficiente para calcular daños y evitar el bochorno de que Europa te saque los colores recordándote que sistemas impositivos mal diseñados pueden alterar los equilibrios del sistema y acabar multiplicando el daño que en apariencia pretendían combatir. El Gobierno de Sánchez primero desoyó la voz de alarma del BCE y de las entidades españolas, que insistieron en que gravar los beneficios era jugar con fuego y que terminarían repercutiendo el coste a los clientes. Ahora, con la

vicepresidenta de la cuestión,

Nadia Calviño, a la cabeza, se han declarado en rebeldía. Y después dirán que son los jefes de los puros y las chisteras y que sus protestas son la mejor señal de que el sanchismo está haciendo bien las cosas. La estrategia monclovita de atacar a la gran empresa y enfrentar a todos con todos ha subido de categoría y ahora está en el terreno de Europa. Palabras mayores. No acostumbra el BCE a inmiscuirse en la vida interna de los países ni a regalar los oídos de la banca. La institución que preside hoy

Christine Lagarde ha sido durante años el principal azote de los bancos, limitando sus dividendos para fortalecer los balances, lo que deja sin argumentos al Gobierno español frente a un árbitro que es de los pocos en mantener las distancias y el criterio.

El sanchismo ha topado con el

BCE y en juego está la financiación y el ‘rating’ de país. Calviño debería hacérselo mirar antes de seguir a pies juntillas las instrucciones de un presidente que cree que todo el monte es orégano y que todas las instituciones son como su CIS.

De momento, lo dicho, en lugar de hacer autocrítica y entender la opinión/recomendación del BCE

como tal respecto al impuestazo –y no tomarlo como un ataque–, se revuelve el Ejecutivo en pleno y siguen con su populismo irónico y vacío. De hecho, el ministro José Luis Escrivá –muy sorprendido dijo– se permitió el lujo de soltar que «no es la primera vez que emite un informe de estas características. Lo deben tener de copia y pega de otros momentos, en contextos distintos (...)». Es difícil entender que Escrivá, que ha desarrollado su carrera profesional en la banca (en BBVA), como jefe de estudios y como director del área global de negocio con gobiernos, no haya advertido al presidente Sánchez tanto del maniqueísmo del anuncio como, aún peor, del absurdo económico y fiscal de la medida. Olvida, además, que detrás de estos dictámenes con consideraciones serias hay un panel de prestigiosos economistas, expertos en política monetaria y supervisión, etc., y hasta el propio Banco de España y sus técnicos, que sí saben de lo qué opinan y recomiendan, aunque no sea vinculante. ¡Allá cada país! Mientras, el propio Sánchez,

sarcásticamente, se apresuró a agradecer «las ganas de ayudar del señor Luis de Guindos» después de que el propio exministro de Economía con Rajoy, hoy vicepresidente del BCE, afirmara que «nuestra opinión trata de ayudar a los gobiernos y a las personas. No es vinculante». Pero él a lo suyo, ‘agitprop’ –agitación y propaganda– elevada a la máxima potencia.

Todo choca en este impuesto (más bien tasa, y como tal nadie entiende en el sector que no haya una contraprestación por ella, como existen en otras tasas), que se utilizó, para variar, como cohesión interna de Gobierno en el debate sobre el estado de la nación. La banca es mala, gana mucho dinero, nos roba. Poco más o menos... Si lo que se pretende con esta ‘tasa’ es aumentar la recaudación fiscal gravando beneficios extraordinarios obtenidos por un sector económico, llama la atención que se consideren extraordinarios posibles beneficios derivados de una «normalización» de la política monetaria (lo extraordinario es el largo periodo de tipos bajos e incluso negativos, que ha dañado la rentabilidad de los bancos, tal como viene advirtiendo el Banco de España). Además, si bien la subida de tipos puede tener efectos beneficiosos sobre la banca, los riesgos a los que el sector se enfrenta incluyen la gran incertidumbre económica y el aumento extraordinario de la inflación y tensiones geopolíticas. En este contexto, la banca tiene que gestionar el posible aumento de la morosidad al finalizar las moratorias de los préstamos ICO y la derivada del alza de los tipos y la desaceleración económica, las posibles minusvalías en sus carteras de renta fija.

Todo esto es lo que ha tenido en consideración el BCE para emitir su opinión. El momento para una nueva tasa, desde luego, no es. Además de tener efectos adversos claros sobre pymes, autónomos y familias españolas. Según fuentes financieras: 50.000 millones menos en créditos; destrucción de entre 25.000 y 35.000 puestos de trabajo; más inseguridad jurídica entre los inversores; y reducción del retorno para los 6 millones de accionistas minoristas que tienen invertidos parte de sus ahorros en el sector bancario. Para colmo, Sánchez se ha desayunado en la cumbre hispano-portuguesa con que su colega Antonio Costa le ha adelantado por la derecha con un decreto que fuerza a los bancos a negociar las hipotecas con las familias vulnerables. El papelito estaba redactado desde hace semanas para que Sánchez se apuntara el tanto y repitiera eso de que otros países seguirían su estela, pero los temores internos y las presiones de PNV y ERC han frenado una iniciativa que, para variar, saldrá tarde y mal. Eso sí, con una trompetería fenomenal, ‘as usual’.

El dictamen del BCE contra el impuesto a la banca se ha producido tras reiterados avisos al Gobierno sobre su incorrección técnica. Calviño no hizo caso antes y ahora repite que no es vinculante y que hay margen para la mejora, alertada de que en juego está el riesgo de que el regulador europeo cierre el grifo de bonos españoles justo cuando la deuda pública está en récord

Para colmo, Sánchez se ha desayunado con que su colega luso le adelanta por la derecha con un decreto que fuerza a los bancos a negociar hipotecas con los más vulnerables