Sin zonas de sombra
Marlaska mintió en sus explicaciones, lo cual hace inevitable su salida del Gobierno, máxime teniendo en cuenta su condición de juez
Los jueces podían haber mirado para otro lado, pero no lo hicieron. El Supremo encausó a los responsables, los sentó en el banquillo y los condenó. Si esas actuaciones hubieran quedado impunes, la democracia habría sufrido un descrédito irreparable.
Hemos sabido en los últimos días que hubo graves violaciones de la ley en los incidentes de Melilla de junio pasado, donde murieron al menos 23 personas que querían cruzar la frontera. Ha quedado acreditado que cientos de inmigrantes fueron devueltos en caliente y que los heridos no fueron atendidos. También existen filmaciones de cadáveres en suelo español, según la BBC.
Estos hechos me parecen suficientes para que el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, presente su dimisión. Pero además ha quedado demostrado que mintió en sus explicaciones, lo cual hace inevitable su salida del Gobierno, máxime teniendo en cuenta su condición de juez.
No falta quien argumenta que la obligación del ministro era proteger la frontera y evitar la consumación por la fuerza del intento. Es un motivo de peso, pero ello no justifica la vulneración de las leyes ni el desprecio a la vida humana. Hay principios éticos que son imperativos.
En unos momentos en los que el populismo y las concepciones identitarias amenazan las democracias parlamentarias, resulta más necesario que nunca reivindicar la ejemplaridad de las instituciones y el respeto escrupuloso de la ley.
El asunto de Melilla no debería depender del signo ideológico de cada uno, del hecho de ser de derechas o de izquierdas. Atañe a la esencia de lo que es una democracia y a la defensa de los derechos humanos. Mirar para otro lado en este caso es sentar un peligroso precedente que no podemos permitir. Grande-Marlaska tiene que asumir sus responsabilidades políticas y dimitir.