Pide 10 millones al Vaticano por ser despedido por descubrir escándalos
Milone fue obligado a dimitir dos años después de su fichaje acusado de espionaje
Resucita uno de los culebrones más enrevesados de la historia reciente del Vaticano. Tiene todos los ingredientes para funcionar: dinero, espionaje, y picaresca. Se trata de la investigación vaticana contra su ex auditor general por posible malversación y abuso de funciones, y la denuncia de este al Vaticano por daños morales y reputacionales, por las que pide una indemnización de casi 10 millones de euros.
La historia comienza en 2015, cuando el expresidente de Deloitte Italia, Libero Milone, fue fichado como auditor general de la Santa Sede, para impulsar la transparencia en las cuentas y operaciones. Dos años más tarde, fue obligado a dimitir.
En una memoria presentada por sus abogados al fiscal del Vaticano, reconstruye un año de fatigas, 2016, en el que solicitó en vano las cuentas de la Secretaría de Estado y del departamento que administra el patrimonio de la Santa Sede, llamado con sus siglas Apsa. Éstos respondieron con «resistencia pasiva».
En junio de 2017, el comandante general de la Gendarmería le informó de que llevaban siete meses investigándolo y que habían descubierto que había encargado «a una sociedad externa actividades investigativas sobre la vida privada de personas de la Santa
Sede». Según el Vaticano, cuando se le mostraron las pruebas que lo incriminaban, Libero Milone, de 74 años, aceptó «libremente presentar su dimisión».
Obligado a firmar
Pero Milone no está de acuerdo. Dice que no vio ninguna prueba. Asegura que después de un interrogatorio a gritos en su oficina, durante el que vaciaron sus cajones y pusieron todo patas arriba, ante la amenaza de llevarlo una noche al calabozo y abrir un proceso penal contra él, aceptó firmar la carta de dimisión que le habían preparado.
El ex auditor general está convencido de que lo apartaron para esconder los escándalos que más adelante saldrían a la luz, como la inversión en la compra de un edificio en Londres con fondos reservados de la Secretaría de Estado, operación con la que se perdieron 217 millones de euros.
Explica que su trabajo era «examinar facturas y pagos de prelados, cardenales y obispos. Es el trabajo típico de un auditor, eso no es espionaje». Ahora añade que el despido le ha provocado un daño reputacional por el que solicita 9,6 millones de euros.
Se suma a la denuncia su auditor adjunto, Ferruccio Panicco, de 63 años. Dice que entre los documentos que les fueron incautados estaba su propio informe médico: «Lo tenía todo allí, y me han impedido diagnosticar más rápidamente un cáncer de próstata que ahora está en fase avanzada. El Vaticano me ha quitado 20 años de vida».
En paralelo, se ha sabido que hay una causa formalmente abierta contra Libero Milone en el Vaticano por malversación y abuso de funciones, y que el lunes será interrogado por segunda vez. Los fiscales dicen que pagó con dinero de la Oficina del Auditor General esas supuestas tareas de «espionaje» por valor de 27.000 euros.
La borrasca se veía venir. Ya tres meses después de marcharse, en 2017, avisó de que, aunque el Papa había comenzado la reforma con muy buenas intenciones, «temo que esté bloqueado por el viejo poder, que se ha sentido amenazado por lo que vi en las cuentas». «Espero que los documentos que secuestraron en mi oficina el 19 de junio de 2017 salgan del Vaticano. Tengo buena memoria», avisó.
Ahora ha empezado a «recordar» algunos de ellos, como que en la oficina de un cardenal encontraron una bolsa de plástico con medio millón de euros o que el entonces comisario general de la Gendarmería pagó los 170.000 euros que costaron las obras de su casa con fondos del Vaticano, justificando que era una vivienda de servicio; y que el Apsa no reclamaba a la ‘Società Agricola San Giuseppe’ los 800.000€ que le debía en concepto de alquileres ni los préstamos.
Milone reconoce que pidió a la agencia privada de investigación ‘Falco Investigazioni’ que descubriera si esta sociedad estaba relacionada con la familia del cardenal que entonces presidía el Apsa. El investigador privado ha sido interrogado por el Vaticano y ha asegurado que se ocupó de «geolocalizar» a tres altos cargos del Vaticano: Danny Casey, brazo derecho del secretario para la Economía; el director general del banco vaticano, Gian Franco Mammì; y Tommaso di Ruzza, director de la Autoridad de Investigación Financiera. Libero Milone niega que él se lo solicitara. Lo considera parte de la operación lanzada para desacreditarlo.