«Los expedientes retroceden pasos y nadie sabe el porqué»

Ser español es una odisea de años, dinero y papeles: la ley fija un plazo de 12 meses, pero rara vez se cumple

cutivo está intentando reformar la ley de Memoria por la puerta de atrás con la publicación de una instrucción del Ministerio de Justicia que establece que podrán nacionalizarse los hijos, nietos y bisnietos de emigrantes españoles –al margen de la razón por la que abandonaran el país–, y no solo aquellos que descendieron de exiliados por la Guerra Civil y el Franquismo, como estipula la nueva norma.

Además de reformar el contenido de esta legislación, la instrucción de Justicia contraviene el objetivo de la ley de ofrecer una compensación a los descendientes de exiliados por lo que sufrieron sus antecedentes, ya que recibirán el mismo trato que aquellos descendientes de emigrantes por razones económicas, por ejemplo. Y todo ello está generando enormes dudas sobre cómo proceder, que están aumentando el atasco. Por un lado, la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática se ha producido sin periodo de carencia, es decir, de forma inmediata. Una circunstancia que no ha dado tiempo a los registros civiles y consulados a dotarse del personal suficiente para hacer frente a la avalancha de solicitudes y consultas de los interesados.

Cuando Rodríguez Zapatero lanzó su proceso de nacionalización retardó un año su entrada en vigor para dar tiempo a que el sistema estuviera preparado, y aquella operación fue mucho más restrictiva que la actual. «Tenemos unas 300 consultas al día de posibles solicitantes», señalan a ABC fuentes de un registro civil que se declaran «debordadas». «Es imposible hacer frente a esto con el personal que tenemos», denuncian. El Gobierno, de momento, se limita a guardar silencio.

Un año. Es el plazo máximo en que debe resolverse una solicitud de nacionalidad por residencia. Así lo establece la ley, pero los plazos rara vez se cumplen. Bien lo saben Marga, Mariale y Georgiy (nombres ficticios). Ellas son solo tres de las más de 75.000 personas que viven pendientes de una resolución. Mientras el Gobierno realiza concesiones exprés para algunos, otros se enfrentan a una carrera de obstáculos hasta conseguir la ciudadanía española.

Un peregrinaje que comienza en 2005 para Elisabeth, peruana de 46 años, cuando decidió separarse de su pareja y romper con una historia salpicada por la violencia de género. A él le condenaron por malos tratos, pero a ella también por lesiones al tratar de defenderse. Solicitó la anulación de antecedentes penales en 2009 y en 2014, la nacionalidad. «Me la denegaron porque el juzgado extravió mi anulación de antecedentes. Perdí tres trabajos por no tener la nacionalidad», cuenta. En 2018, volvió a solicitarla y en 2021 la logró, casi ocho años después.

Cualquier extranjero solicitante debe haber vivido en España durante un periodo ininterrumpido de entre uno y diez años. Y desde 2016, también realizar dos exámenes escritos: uno de lengua (DELE nivel A2) y otro de cultura (CCSE). A Georgiy, ucraniano de 27 años, le obligaron a examinarse de español pese a llevar en el país desde cuarto de la ESO y ser graduado en Farmacia. Un trámite que retrasó su solicitud por la llegada de la pandemia. Ahora, lleva año y medio esperando la nacionalidad y está preocupado por que no llegue a tiempo. Su pasaporte está a punto de caducar y el documento de identidad para renovarlo está en Ucrania: «No puedo ir a por él; tengo miedo de que me recluten y no poder volver», dice.

En aras de agilizar los trámites, desde 2015 existe la petición telemática. Las largas listas de espera de los registros civiles para presentar documentos dieron paso a un proceso informático de apenas unos minutos. A partir de ahí, toca armarse de paciencia. Uno, dos, tres años… meses y meses que se hacen eternos en casos como el de Mariale, venezolana de 29 años con abuelos españoles emigrantes: «Llevo año y medio esperando respuesta. Mi solicitud está en estado de ‘calificación’, pero hace meses que está estancada. Es desesperante». Lo mismo le ocurre a Marga, colombiana de 45 casada con un español: «Nadie entiende nada ni te dice nada».

Colapso

El embotellamiento en la gestión de solicitudes de nacionalidad española es colosal. En 2018, el hito fueron cerca de 360.000 expedientes sin resolver en las estanterías del Ministerio de Justicia y en las bases del sistema telemático. Lejos de agilizar los trámites, el resultado del decreto de 2015 fue el opuesto: se colapsó aún más la gestión. Ese mismo año, Justicia puso en marcha un plan de choque para resolver y revisar expedientes, al igual que en 2021. Entre ellos, el de Cecilia, una cubana de 33 años que obtuvo la nacionalidad en julio de 2021 tras más de dos años de espera y una interposición de requerimiento contra el ministerio: «Los expedientes retroceden pasos y nadie sabe el porqué».

Mientras tanto, la situación de miles de solicitantes sigue en el limbo administrativo. Ser español es una odisea de años, dinero y papeles, que en el caso de Mariale ni siquiera ha conseguido: «Es injusto que, a través de los consulados, ya existan resoluciones de solicitudes e incluso gente con la nacionalidad en cuestión de días».

Puigdemont. Pero también Griñán. Tras adquirir firmeza en el Tribunal Supremo la sentencia que en su día dictó contra él la Audiencia Provincial de Sevilla, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido ya por dos veces que se haga efectiva y entre en prisión. Considera el Ministerio Público que no puede ser de otra manera. Primero, porque en un Estado de derecho las sentencias se cumplen. Segundo, por el efecto ejemplarizante en la lucha contra la corrupción política. El PSOE ya se ha desmarcado de este punto de vista y defiende que Griñán no se enriqueció. Pero ha bajado el pistón ante la posibilidad de un indulto que ya está solicitado. La reforma que suprime la sedición y que incorporaría estos cambios en la malversación cuanto se pacte en el Congreso podría estar lista antes de final de año. Se va a tramitar por la vía de urgencia.

Asens, el muñidor

La figura de Jaume Asens está jugando un papel clave en este trayecto. Es el presidente del grupo confederal de Unidas Podemos, del entorno de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y más próximo por tanto a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que a Podemos en este momento de cuitas internas en la izquierda. Asens jugó un papel clave como asesor del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en su operación de fuga a Bélgica. Y fue el primero en poner voz a esta posibilidad. El viernes, en una entrevista en Rac1 Asens trasladó que «los fiscales tendrán muy difícil acusar a Puigdemont de sedición porque ahora desaparece, y también de malversación si se reforma». La posibilidad de que Puigdemont sea extraditado al no existir la sedición pero que en cualquier caso tendría que cumplir penas elevadas de prisión se desvanecería. De hecho, se podría quedar en una multa.

Y luego están los casos de los independentistas ya indultados pero sobre los que pesa todavía la inhabilitación para el ejercicio del cargo público. En este apartado hay controversia respecto al alcance que tendrá la previsible revisión de las sentencias una vez entre en vigor la reforma del Código Penal, porque la sedición desaparece pero la malversación, salvo que cristalice el plan de ERC, seguiría ahí.

La disyuntiva reside en que los líderes del ‘procés’ fueron condenados por sedición en concurso medial con malversación, lo que significa que ambos ilícitos están relacionados y uno se cometió para cometer el otro. Si la sedición no es delito, no se habría malversado el dinero público que se empleó en promoverla. Sin embargo, si se da por sustituida la sedición por los desórdenes públicos agravados, sí habría un ilícito al que se destinaron fondos de todos, aunque tenga menos pena.

ERC apunta a distinguir entre el cargo público que malversa para su lucro personal y el que lo hace para otros fines