El PSOE torpedea a la oposición al colar con la sedición el delito de ocultación de cadáver
Introduce junto a la polémica reforma este cambio que no tendría objeciones en solitario
«Aunque la regulación actual del delito contra la integridad que se recoge en el artículo 173 del Código Penal ya permite castigar el acto de ocultar el cadáver, ante la preocupación social que han generado algunos casos recientes, y visto el especial sufrimiento ocasionado a los familiares y allegados de las víctimas de algunos delitos cuando los responsables se han negado a dar cuenta del paradero del cadáver, es procedente hacer una referencia expresa».
Esta es la explicación que han introducido el PSOE y Unidas Podemos para una propuesta de modificación del Código Penal que introduce expresamente la ocultación del cadáver como un ilícito contra la integridad moral, de manera que pueda ser condenado por ello no sólo el que cometió el crimen, sino todo el que participase en su encubrimiento por este daño añadido a los allegados de la víctima.
La propuesta está incluida en la proposición de ley registrada esta semana en el Congreso con enorme polémica porque, con el título de «adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la UE», recoge la supresión del delito de sedición por el que fueron condenados los líderes del ‘procés’. De salir adelante en su redacción actual, pues aún queda el trámite de enmiendas, se castigará con pena de seis meses a dos años de cárcel a quienes «teniendo conocimiento del paradero del cadáver de una persona, oculten de modo reiterado tal información a los familiares o allegados de la misma».
El cambio se introduce justo unos días después de que en Sevilla se archivase la investigación judicial que seguía abierta en busca del paradero del cadáver de Marta del Castillo, la adolescente asesinada en enero de 2009. La decisión, recurrida, ha sido un duro varapalo para la familia de la menor, pendiente de nuevos informes que analicen los teléfonos de los implicados. De ahí que algunos juristas consultados por ABC hablen de «populismo normativo» y de «oportunismo» del Ejecutivo. Pero el hecho de que una reforma de este tipo, que gozaría ‘a priori’ de apoyo social y político, vaya de la mano del controvertido cambio en el delito de sedición genera recelo.
Ardid parlamentario
Incluir una medida incuestionable dentro de una legislación controvertida es un ardid parlamentario que viene utilizando recurrentemente el Gobierno de Sánchez cuando carece de argumentos de peso, aunque ello implique mezclar
Otros grupos tachan de «filibusterismo» esta práctica que introduce una reforma con respaldo junto a otra que no lo tiene
cuestiones que no tienen nada que ver. Hay muchos ejemplos, como el decreto-ley que el Ejecutivo aprobó en diciembre del año pasado para establecer el uso obligatorio de mascarilla en exteriores por todas las personas mayores de seis años, y en el que coló una paga extraordinaria para revalorizar las pensiones no contributivas según el IPC de 2021. Lo mismo ocurrió cuando La Moncloa quiso forzar la aprobación del decreto que topaba el uso del aire acondicionado, metiendo en el mismo texto la gratuidad del transporte ferroviario y otras ayudas. El paradigma son los Presupuestos Generales donde el Ejecutivo cuela cada año decenas de reformas desvinculadas de las cuentas.
Desde rivales directos del PSOE como el PP a aliados parlamentarios como el PNV han tildado esta práctica de «filibusterismo» e incluso «chantaje» para forzar apoyos que de otro modo no obtendría. Al unir todo en el mismo paquete legislativo, si un grupo político vota en contra está rechazando el cuerpo entero, lo que complica la oposición.
En este caso, PP, Vox y Ciudadanos votarán en contra del proyecto por la gravedad de la reforma de la sedición, aunque incluya el castigo a la ocultación del cadáver. Pondrán así en bandeja la respuesta desde el Ejecutivo: que conservadores y liberales se oponen a una reforma que busca impedir que otras familias sufran como las de Marta del Castillo o Marta Calvo.