La portavoz de Page advirtió en persona a la ministra del riesgo de excarcelaciones

El PSOE, molesto con Igualdad, se desmarca del ataque de los jueces

dad. «La gravedad es aún mayor cuando el ministerio, en lugar de recular, recapacitar y decidir mejorar el texto legal, emprende una huida hacia adelante que pasa por acusar a los jueces de no saber aplicar la ley». Clara Serra critica que Montero se lo haya tomado como un «conmigo o contra mi» y pide a Igualdad arreglar la ley: «Si hay errores es una buena ocasión para parar, recapacitar, enmendar y mejorar. Y escuchar a la judicatura progresista y al feminismo que ha sido crítico con esta reforma legal». También los socios de Sánchez empujan para corregir la norma. ERC tienda la mano para modificarla. El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, planteó en RNE que se «retoque» y pidió «moderación» a la ministra. Y Oskar Matute, diputado de Bildu, también dijo que «si hay juristas que señalan que puede haber fisuras o puntos de fuga (...) pues que se mejore». Al margen de los partidos, tres asociaciones judiciales piden su dimisión. La Asociación Profesional de la Magistratura, que tildó de «intolerables» las palabras de Montero, el Foro Judicial Independiente, que habló de «reacción injusta y pueril» de Podemos, y la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), cuyo portavoz, Jorge Fernández Vaquero, habla de «grave irresponsabilidad institucional que mina la confianza en el Estado de Derecho», informa Nati Villanueva. Se sumó también la Asociación de Fiscales.

Expresado con mayor o menor acento o énfasis, según el territorio o la responsabilidad del dirigente que se pronuncie, el malestar del PSOE con Unidas Podemos en general, y con la ministra Irene Montero y su entorno muy en particular, crece según pasan los días. Ayer quedó de manifiesto en dos comparecencias, aunque de fondo el rumor va mucho más allá.

La primera de ellas de la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez. La también ministra de Política Territorial protagonizaba un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum en Madrid y no eludió las preguntas sobre las reducciones de pena a condenados por abuso sexual tras la entrada en vigor de la ley conocida como del ‘solo sí es sí’. Aun sin mencionar a su compañera del Consejo de Ministros, pero desmarcándose inequívocamente de ella, dejó claro que el Gobierno debe «respetar siempre la separación de poderes» y que «el nuestro es el Ejecutivo», remarcó.

Por si no había quedado claro, Rodríguez mostró su «absoluto respeto a todos los jueces y juezas de los juzgados de primera instancia, a los magistrados, en su trabajo y en su desempeño».

Fuentes de La Moncloa se remiten a esas palabras cuando se les pregunta por los ataques que desde Igualdad se vienen repitiendo contra los jueces, al tiempo que muestran su confianza en que, como dijo el propio Pedro Sánchez, la Fiscalía y los tribunales terminen unificando doctrina, para evitar las condenas a la baja que se vienen produciendo en audiencias provinciales de distintos puntos de España.

La otra comparecencia que puso de manifiesto el malestar socialista con la actitud de Igualdad fue la que realizó en Toledo Blanca Fernández, la portavoz y consejera de Igualdad de la Junta de Castilla-La Mancha que preside Emiliano García-Page. Fernández aseguró que ella misma, en una reunión celebrada en noviembre de 2021, advirtió a Irene Montero del peligro de que la nueva ley, entonces aún en preparación, pudiese conllevar rebajas de pena o excarcelaciones. «El ministerio estaba avisado», señaló Fernández, quien en todo momento defendió la necesidad de una norma de ese calado para proteger a las mujeres.

La consejera de Page explicó cómo el 25 de julio, cuando la ley estaba aún en una fase muy primigenia, el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha remitió una serie de alegaciones al primer borrador de la norma, con la intención de mejorarlo. Ahora, pidió Fernández, «si ha quedado alguna puerta abierta hay que cerrarla con carácter inmediato, porque no se puede revictimizar a las víctimas».

Una tercera opinión socialista de peso fue la del líder del partido en Madrid, Juan Lobato, quien afirmó que «si se ha aprobado un cambio normativo que puede dar lugar a interpretaciones diversas, no pasa nada por abrir una reflexión sobre si debe de hacerse alguna modificación para ajustar, porque el objetivo del Gobierno y del congreso es cristalino: proteger a las víctimas y que se castigue con dureza a quien ha actuado de esa forma tan repugnante».

Igualmente, el jefe de los socialistas madrileños señaló que «yo creo que en política también hay que ser humildes, analizar situaciones y si hay algo que corregir, pues que se mejore», informa

«Autodestrucción»

Entre los dirigentes socialistas hay quien incluso habla de un para ellos incomprensible «proceso de autodestrucción de la cúpula de Podemos», en la que incluyen al antiguo líder de la formación, Pablo Iglesias. Un proceso de ribetes, apuran, «leninistas».

Desde otros sectores del PSOE, se considera inviable que el presidente del Gobierno no trate de enderezar el rumbo ante un caso que, además de la fractura que supone en el Gabinete, está causando una honda preocupación en la opinión pública. Y mucho más con un año entrante, 2023, con varias elecciones a la vista.