Andalucía acusa al Gobierno de mover contribuyentes a Portugal
Advierte de una ola de consultas para mudarse por culpa del gravamen a los ricos
Los anuncios de cambios en la regulación fiscal no son inocuos. Lo confirmó ayer en Cádiz el secretario general de Hacienda de la Junta de Andalucía, Manuel Vázquez Martín, en la inauguración de las Jornadas Anuales del Registro de Asesores Fiscales (REAF). Si hace unas semanas el anuncio por parte del Gobierno de Andalucía de la desactivación ‘de facto’ del Impuesto sobre el Patrimonio desató, según reveló el alto cargo de la Junta a partir de la información recibida de grandes despachos, un inusitado interés de ciudadanos extranjeros que pasan parte del año en la región por fijar su residencia en la comunidad; desde hace unos días el clima ha cambiado en una dirección preocupante. «Lo que nos trasladan es que desde que el Gobierno ha anunciado el gravamen de solidaridad las consultas que llegan son de contribuyentes que quieren desplazar su residencia a Portugal», alertó ayer el número dos de la Hacienda andaluza. «Veremos el efecto que tiene al final».
No se puede decir que Hacienda no estuviera advertida. A principios del mes de octubre, cuando el gravamen a los ricos no era más que un anuncio de Pedro Sánchez y no se había plasmado negro sobre blanco, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, advirtió de que esto ocurriría. «Nuestros socios portugueses tienen un Gobierno socialdemócrata y no tienen ni Impuesto de Patrimonio ni de Sucesiones y Donaciones. Estamos empujando las inversiones españolas hacia el otro lado», dijo el líder popular.
En la misma onda se pronunció ayer el decano del Colegio de Economistas de Cádiz, Javier Cabeza de Vaca. «No entramos en debates políticos, nos limitamos a recomendar a nuestros clientes la mejor opción en función de la información disponible. A día de hoy el entorno para la fiscalidad patrimonial es más atractivo en países como Francia y Portugal que en España tras la aprobación del gravamen a las grandes fortunas».
La maniobra del Gobierno amenaza, como pretendía, con dar al traste con la estrategia fiscal que venía aplicando el ejecutivo andaluz desde el año 2019 y que desde su perspectiva estaba funcionando. El alto cargo de la Junta aseguró ayer que desde hace tiempo había detectado que los impuestos de Sucesiones y Donaciones y el de Patrimonio suponían un problema para fijar a determinadas rentas en el territorio. «Es un impuesto que no existe en otros países europeos y que los extranjeros no entienden por qué tienen que pagar», afirmó.
La Hacienda andaluza quiso adaptarse a esa situación. El Gobierno de Juanma Moreno está convencido de que la estrategia de rebajas fiscales que han venido desarrollando en los últimos cuatro años y que ha reducido la carga fiscal de todos los impuestos cedidos por el Estado está detrás de los 400.000 nuevos contribuyentes de IRPF que aseguran haber ganado en este periodo. Con la decisión de bonificar al 100% el impuesto de Patrimonio, la Junta entendía que podría «conseguir la residencia fiscal de muchos no residentes que viven en Andalucía». La maniobra fiscal del Gobierno para exigir esos impuestos para el Estado ha arruinado esa estrategia.
El Ejecutivo andaluz cree que las cuentas de este plan salen. El número dos de la Consejería de Hacienda recordó ayer que anular la carga fiscal de Patrimonio supone una pérdida recaudatoria de en torno a 100 millones de euros al año, y hacer lo propio con Sucesiones y Donaciones tiene un coste extra de 350 millones (240 millones tras las últimas rebajas aprobadas), lo que desde su punto de vista no es muy relevante sobre un presupuesto total de 40.000 millones de euros. Creen, por el contrario, que eliminar esas cargas fiscales haría más atractiva a Andalucía y permitiría fijar en el territorio nuevos contribuyentes del impuesto sobre la Renta, una figura por la que las arcas andaluzas ingresan unos 7.000 millones de euros anuales. «La filosofía del plan era que lo importante era alimentar la recaudación de IRPF», confesó ayer.
Trampas y atajos
El Ministerio de Hacienda, dirigido por la anterior responsable de la política fiscal andaluza, María Jesús Montero, se ha encargado de dejar muy claro que ese plan, bien porque se basa en rebajas de impuestos, bien porque pueda agravar la situación de ‘dumping fiscal’ que Montero viene denunciando desde que asumió la cartera, no gusta en La Moncloa y al final se ha decidido a liquidarlo justo en vísperas de las próximas elecciones generales.
El presidente del Consejo General de Economistas, Valentí Pich, se mostró ayer muy crítico con la forma de proceder del Gobierno. Cuestionó que esté utilizando «atajos administrativos» y «trampas» para resolver una controversia que, en su opinión, se debería abordar a través de una reforma de la financiación autonómica, en relación a la aprobación del gravamen con una enmienda a una proposición de ley que no se ha sometido al control de los órganos constitucionales.
«Vemos con mucha inquietud que en un país de corte federal como es España, los conflictos entre el Gobierno central y las autonomías se resuelvan actuando cuando algo que hace una autonomía no le gusta al Gobierno, cuando lo que hay que hacer es encauzarlos», argumentó Valentí Pich. «Nos sorprende la incapacidad que hay para hacer un proyecto de financiación autonómica que permita ordenar todos estos conflictos. Lo que no podemos hacer es trampas».
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