Agotados en tres días los 14.000 Bonos de Alquiler Joven asignados a Andalucía
El Gobierno central asignó 68,4 millones de euros para 14.000 Bonos Alquiler Joven en Andalucía y se han agotado en solo tres días desde que se abrió la convocatoria, según han confirmado fuentes oficiales. Estaba previsto que el plazo para solicitar la ayuda acabara el 14 de febrero, pero la Consejería de Fomento de la Junta, dirigida por Marifrán Carazo, cerró ayer noche la convocatoria al agotarse la ayuda, según fuentes oficiales. De hecho, las solicitudes presentadas han superado las 15.000, por lo que existe un cupo excedente que se podrá usar en caso de que haya solicitudes que no cumplan requisitos. Esta medida, que intenta facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes, ofrece una línea de ayudas que cubre el seguro de impago.
La ayuda, que tiene carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2022, ha sido financiada por el Gobierno de España y a la misma pueden acogerse jóvenes de entre 18 y 35 años que acrediten rentas de trabajo y que sus ingresos anuales sean, con carácter general, inferiores a tres veces el Iprem cuando se trate de una unidad familiar.
Los contratos de alquiler de quienes piden estos bonos tienen un límite de 900 euros mensuales para municipios de gran población y 600 euros para el resto (300 euros si se trata de una habitación). También pueden acogerse alquileres de hasta 900 euros al mes o 450 euros por una habitación si hay un acuerdo previo de la Comisión de Seguimiento. Esta ayuda estatal es compatible con el Plan Estatal de Vivienda: hasta el 40% de la diferencia entre el alquiler de la vivienda y la ayuda del Bono Alquiler Joven, con el límite conjunto del 75% de la renta del alquiler.
Fechas para el cobro
Los perceptores tendrán derecho a recibir 6.000 euros, a razón de 250 euros mensuales, y se estima que el Bono podrá comenzar a cobrarse entre septiembre y octubre de este año, según el Gobierno central. No obstante, la comunidad autónoma podrá aportar hasta el 40% de la renta de alquiler, en función de diferentes criterios: número de personas de la unidad de convivencia; ingresos de la unidad de convivencia; tensión del mercado de alquiler del municipio o entorno, y personas con discapacidad en la unidad familiar.