Igualdad pide a los medios de comunicación que no informen de la reducción de penas
Rosell señala a los «abogados de violadores» y asegura que las noticias sobre ellos crean «alarma»
Primero fue tildar de «machistas» o «fachas con toga» a los jueces que sentenciaron rebaja de penas a condenados por abuso sexual, luego pedir (e insistir) en que a los magistrados les falta «formación» y «perspectiva de género» y ahora tratar de decretar un silencio mediático sobre las acciones jurídicas en curso relacionadas con la conocida como ‘ley del solo sí es sí’. El Ministerio de Igualdad no deja pasar un día desde que estalló la polémica por las rebajas de pena o excarcelaciones de condenados por abusos sexuales sin un pronunciamiento público.
Ayer le tocó el turno a dos de las principales escuderas de Irene Montero, la secretaria de Estado Ángela Rodríguez Pam y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, quien reclamó a los medios que no se informe de los recursos que están presentando muchos abogados, algunos habiendo obtenido ya un alivio de la pena para sus clientes. La magistrada y antigua diputada de Unidas Podemos calificó de «abogados de violadores» a estos letrados (algunos de ellos a los que los casos les han llegado por el turno de oficio) y lanzó una clara admonición a los medios de comunicación: «Dejemos de hacernos eco de que las defensas piden las revisiones». Y aún más claramente: «Cuando ellos lo piden yo no haría noticia, porque esto alarma mucho a las mujeres». Rosell, a la que la formación morada que lidera Ione Belarra ha propuesto reiteradamente como vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), enfatizó ante los informadores que la actuación de esos profesionales del derecho es «de parte» y que ahora piden rebajas a sus condenas como antes «su absolución».
Las dos lugartenientes políticas de Irene Montero niegan de nuevo que la ley tenga algún fallo y evitan cualquier autocrítica
«La ley no tiene fallos»
Una vez más, tanto Rosell como Rodríguez Pam, en línea con lo reiterado por la ministra Irene Montero, negaron tajantemente que la ley, una de las más importantes de la legislatura para el Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, tenga fallo alguno, ni siquiera en el diseño de la horquilla de tipos penales. Ambas insistieron en que es una norma que llegaba para modificar un «sistema que no funcionaba». Para argumentarlo,
Rosell citó que «solo el 8 por ciento de las mujeres que sufren acoso denuncia». Dándole la vuelta al porcentaje, señaló que «el 92 por ciento de las denuncias se quedan antes de la puerta de la comisaría», afirmó de manera gráfica sobre muchas de las denuncias, relató, por «tocamientos sexuales en el metro o en lugares de ocio».
La secretaria de Estado y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género –en línea con lo que viene manifestando todo el Gobierno, incluido el propio presidente, Pedro Sánchez– manifestaron su confianza en que sea el Tribunal Supremo (TS) el que finalmente unifique doctrina sobre las decisiones que están tomando las distintas audiencias provinciales de España, unas aceptando rebajas de penas y otras denegándolas. El Alto Tribunal tiene por delante muchos recursos de casación, algunos antiguos –pero que ya se verán bajo el paraguas de la nueva ley– y otros, que llegarán más tarde, de condenados por abuso sexual a los que se les haya sido denegada, en primera instancia y apelación, la reducción de sus penas.