Hacienda prepara una batida en ‘coworking’ y centros de negocios para cazar empresas fantasma
Llega a un acuerdo con la patronal del sector para aflorar domicilios falsos y prácticas fraudulentas
Hacienda ha dado un paso decisivo en su batalla contra las empresas fantasma y los fraudes asociados a su existencia. En las próximas semanas los equipos de lucha contra el fraude de la Agencia Tributaria comenzarán a recibir información desde centros de negocios y espacios de ‘coworking’ de toda España cuando se detecten comportamientos particularmente anómalos por parte de clientes o se tenga constancia de que un antiguo usuario continúa utilizando uno de estos centros como domicilio fiscal una vez resuelto el contrato.
Así se recoge en el convenio de colaboración que acaba de firmar la Agencia Tributaria con ProWorkSpaces, la principal patronal del sector, que representa a más de 160 centros de negocios en España, Portugal, México y Miami.
Hacienda tenía especial interés en este acuerdo para poder seguir el rastro de empresas que se hayan domiciliado transitoriamente en alguno de estos espacios, especialmente cuando haya sido el centro de negocios el que haya resuelto el contrato por un comportamiento anómalo del cliente o cuando este haya seguido «utilizando irregularmente como domicilio social o fiscal el del centro de negocios», según se recoge en la parte que fija los compromisos de la parte empresarial.
Seguir el rastro
Hacienda tiene identificado desde hace tiempo que en algunos casos esas sociedades zombi son utilizadas por sus titulares para ejecutar maniobras defraudatorias y ha incluido su persecución en los últimos planes de control tributario, apelando también a la OCDE que considera que estas empresas inactivas resultan «potencialmente ocultadoras de la verdadera titularidad de los bienes y derechos, en España o en otras jurisdicciones, y afectan a la transparencia del sistema de identificación y comunicación del ‘beneficiario efectivo’», que el organismo ha convertido en uno de los caballos de batalla de su cruzada fiscal.
La información recibida desde los centros de negocio será utilizada por Hacienda para desenmascarar domiciliaciones ficticias o irregulares y también altas ficticias de empresas que en realidad no tienen una actividad real y su única razón de ser es ejercer como pantalla para un entramado societario fraudulento.
La iniciativa se enmarca en la ofensiva de Hacienda para limpiar los censos empresariales de sociedades ficticias e inactivas. Un informe de Crédito y Caución estimó que el 40% de las empresas dadas de alta en el Registro Mercantil no tiene actividad real, bien porque dejó de operar pero evitó darse de baja para no abonar los costes administrativos que conlleva o bien porque su función no tiene nada que ver con la actividad productiva.
España no dispone como tal de ningún registro oficial de empresas inactivas y de hecho la mayor aproximación que se puede realizar es a través de la estadísticas oficiales del impuesto de Sociedades, que permiten precisar que de las 1.543.027 empresas que presentaron la declaración de Sociedades, 796.980 declararon una cifra de negocios de entre 0 y 50.000 euros. Fuera de este perímetro hay miles de empresas que han dejado de presentar la declaración de Sociedades, pero que no han tramitado su desaparición definitiva porque Hacienda no las incorpora al listado de sociedades pendientes de depurar hasta que acumulan tres ejercicios sin presentarla.
El asunto ha alcanzado la categoría de problema para el ministerio que ha decidido empezar a imponer sanciones para acelerar la limpieza de empresas fantasma de los censos.
¿Cuántas empresas fantasma hay en España?
No hay un registro oficial de empresas inactivas. Crédito y Caución estimó en su día que eran un 40% de las empresas dadas de alta y los datos del impuesto de Sociedades sugieren que son más de 700.000.
¿Qué quiere hacer Hacienda con ellas?
Cerrarlas. Sus últimas maniobras han ido dirigidas a sacarlas del censo. Entre ellas, imponer sanciones a los titulares de sociedades sin actividad que no se hayan dado de baja o cambiar la regulación para que los notarios no avalen ninguna operación que no sea su cierre.