POLÍTICAS DE EMPLEO
Fiscalización
Tanto la Airef como el Tribunal de Cuentas advierten al Gobierno de la necesidad de evaluar la efectividad de las políticas activas de empleo ante el amplio pliego de incentivos a la contratación.
Coste elevado
El Gobierno cifra el coste de las bonificaciones a la contratación en 1.449 millones de euros, mientras que la Airef lo eleva en forma de pérdida de ingresos para la Seguridad Social hasta los 2.000 millones de euros.
Utilidad del instrumento
La Airef subraya que una reducción de incentivos del 50% aceleró una caída del empleo del 2,73% al 2,96% entre julio de 2012 y diciembre de 2014.
Tapar la temporalidad
A nivel general, la Autoridad Fiscal constata que los incentivos deben constituir una herramienta orientada a mejorar la empleabilidad de determinados colectivos, pero en ningún caso deberían sustituir a las reformas necesarias para combatir la elevada temporalidad y el alto nivel de desempleo que caracterizan al mercado laboral español.
Impactos positivos
La Airef señala, eso sí, que los incentivos pueden ser una herramienta orientada a mejorar la empleabilidad en periodos de crisis.
La Moncloa, pasando de un total de 3,4 millones de trabajadores con algún tipo de incentivo a la contratación en 2018 a los 4,7 millones que se registraron a cierre de 2021.
«Hay un número creciente de trabajadores que cada año es bonificado, representando un porcentaje importante respecto del total de trabajadores en alta; volumen que, sin duda, dificulta las labores de control y hace imprescindible la implementación de procesos automatizados», admite la Seguridad Social en la respuesta al Tribunal de Cuentas.
Revisión de incentivos
Más allá, la contestación que el Gobierno realiza al informe del Tribunal de Cuentas sobre la eficacia de las políticas activas de empleo en forma de deducciones en la cotización para ciertas formas de contratación como el relevo por jubilación, por sustitución o por encontrarse el empleado en prácticas la Seguridad Social, admite que el coste para las arcas públicas también ha crecido de forma considerable en los últimos años. Concretamente, entre 2018 y 2021 el gasto en bonificaciones ha pasado de 1.053 millones de euros a 1.449 millones, lo que supone un incremento del 37,6%.
Precisamente, el estudio de fiscalización del Tribunal de Cuentas trae causa de esta circunstancia. El organismo viene a evaluar en el informe la eficacia de la reducciones de cotización que prevén estos contratos con cargo a la Seguridad Social con un efecto desfavorable.
«A la vista de los resultados del análisis de fiscalización, sería conveniente que el Ministerio de Trabajo estudiara el diseño de un plan estratégico sobre las bonificaciones de cuotas globalmente consideradas. En él debería evaluarse su eficacia en la consecución de los fines perseguidos y, en su caso, definirse de forma precisa los objetivos a alcanzar y los indicadores, las ratios y los estándares necesarios para efectuar un seguimiento y control del grado de eficacia y eficiencia de dichas actuaciones», apunta en las conclusiones el Tribunal de Cuentas. Además, pide a la Seguridad Social efectuar un análisis de aquellos requisitos establecidos para la aplicación de las bonificaciones.
Las conclusiones, más allá, se alinean con las de un estudio de Airef, de finales de 2020, en el que advertía de que el coste de estos incentivos a la contratación ascendía hasta los 2.000 millones de euros y en el que advertía al Gobierno de la necesidad urgente de realizar un «seguimiento y evaluación continuos del sistema de incentivos».
Además, cree la Autoridad Fiscal que es necesario articular un menor número de incentivos y homogeneizar los requisitos sobre las empresas beneficiarias. Según la Airef, un sistema más sencillo, con requisitos claros y de fácil verificación podría estimular su uso por parte de las empresas, permitiendo de este modo incrementar su atractivo y su eficacia.