El Congreso inicia el fin de la sedición culpando al PP de la crisis catalana
∑Gamarra denuncia que el Gobierno pretende «el borrado» de lo sucedido en septiembre y octubre de 2017 ∑Sánchez mantiene viva la posibilidad de reformar también la malversación y exhibe el 155 tras suprimir la sedición
Con nocturnidad y en una jornada maratoniana que se extendió en torno a las 15 horas, el Congreso de los Diputados abrió ayer el camino para borrar del Código Penal del delito de sedición. PSOE y Unidas Podemos arrancaron cerca de las diez de la noche la defensa de su proposición de ley. Con dos discurso que pusieron más énfasis en un relato político contra el PP que en una argumentación de tipo jurídico.
El parlamentario del PSC, Paco Aranda, arrancó defendiendo el carácter de primera fuerza en las últimas autonómicas de su formación y cargando contra la «irrelevancia» del PP en Cataluña. «Con ustedes confrontación y pasado, con nosotros convivencia y futuro», dijo un parlamentario históricamente vinculado al hoy ministro de Cultura, Miquel Iceta. No hubo nada mucho más relevante en la defensa socialista, a la que no asistió el presidente del Gobierno ni gran parte de su bancada.
Mucho más prolijo fue Jaume Asens, presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos y figura clave en esta operación. Asens se refirió a este delito como una «anomalía preconstitucional» y defendió la derogación como «un paso importante para desjudicializar el conflicto», lo defendió como una «exigencia de la mayoría de la sociedad catalana». Aquí habló Asens de una crisis que surgió por una «ruptura unilateral». Pero no se refería al golpe independentista. Sino a la posición de «la derecha política y judicial» cuando se anuló una parte del Estatuto de autonomía. El relato que el independentismo ha desplegado desde hace lustros. «Es nuestra hoja de ruta», defendió Asens, destacando que los indultos y esta reforma estaban en su programa electoral. Destacando que ERC y PSOE se han movido de sus posiciones de hace años.
La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, defendió el rechazo a la reforma porque «no es una demanda social» sino «un pago del Gobierno al independentismo catalán» y «una derogación al dictado de Junqueras y a la medida de los golpistas». La número dos del PP denunció que el Gobierno «ha asumido todos los argumentos de los condenados por sedición y se han convertido en sus abogados defensores». En una intervención muy celebrada en su bancada, Gamarra cuestionó que lo que se pretende es «el borrado» de todo lo que ocurrió en septiembre y octubre de 2017. «Aquí nada tiene que ver con la convivencia, sino con la conveniencia», dijo.
Sánchez y la malversación
Antes de que arrancase este debate, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, celebraba la aprobación de los Presupuestos en el patio del Congreso de los Diputados. Y a preguntas de los medios mantuvo abierta la puerta de que en el trámite de enmiendas que ahora se abre se pueda debatir una reforma del delito de malversación. Una operación que aceleraría la vuelta a la actividad institucional de los cabecillas del proceso independentista. Se trata de una reforma que preocupa en el PSOE por su vinculación con la corrupción política. En los últimos días parecía que el asunto se enfriaba porque no ha sido bien encajado por muchas de las piezas del puzzle que conforman la mayoría habitual del Gobierno: «Ahora corresponde a la tramitación parlamentaria».
El Gobierno en su conjunto sigue amparándose en que debe ser una enmienda de ERC la que abra este camino. En el PSOE esta cuestión está generando muchas dudas e incertidumbre. Y es un sentimiento que Sánchez no está cerrando deliberadamente para no incomodar a ERC, que es quien tiene más urgencias con esta cuestión. Ya que además de acabar ya con la inhabilitación de Junqueras tienen pendiente de juicio por malversación a la denominada infantería del proceso independentista. En torno a 40 cargos de la segunda y tercera línea gubernamental.
Sánchez de entrada insistió en que la «voluntad» del Gobierno es «europeizar y homologar» el delito de sedición en el Código Penal a los «estándares de las democracias europeas», fruto de las «lecciones» que hay que «extraer» de lo que ocurrió en Cataluña en 2017. El presidente del Gobierno, en línea con el discurso que está haciendo estos días el primer secretario del PSC, Salvador Illa, restó trascendencia práctica a la supresión del delito de sedición en caso de que hubiese que contestar a un nuevo golpe independentista: «la Constitución cuenta con un instrumento, que es el artículo 155, ante cualquier intento de violentar el orden constitucional e integridad territorial». Sánchez defendió que el Estado de derecho «continuará teniendo instrumentos» y «herramientas para defenderse ante cualquier eventual caso que se pueda producir»..
Antes de final de año
La reforma del Código Penal que incluye el borrado del delito de sedición se aprobará definitivamente antes de final de año. Al optarse por una propo
Pedro Sánchez
«La Constitución cuenta con el artículo 155 ante cualquier intento de violentar el orden constitucional»
Cuca Gamarra
«Han asumido todos los argumentos del independentismo y se han convertido en sus abogados defensores»
Jaume Asens
«Es un paso importante para desjudicializar el conflicto y una exigencia de la sociedad catalana »
sición de ley de los grupos parlamentarios los plazos se acelerarán. En el caso de un proyecto de ley del Gobierno primero se aprueba el Anteproyecto, después hay un plazo para que los órganos consultivos emitan sus dictámenes. Que aunque no son vinculantes sirven para mejorar el texto desde el punto de vista jurídico. Luego el Gobierno aprueba el Proyecto de Ley y ya llega al Congreso. Todo esto no sucederá. Este procedimiento de urgencia está regulado en los artículos 93 y 94 del Reglamento del Congreso de los Diputados. «A petición del Gobierno, de dos Grupos Parlamentarios o de una quinta parte de los Diputados, la Mesa del Congreso podrá acordar que un asunto se tramite por procedimiento de urgencia», señala el artículo 93.1. En el artículo 94 se especifica que en esta vía de urgencia «los plazos tendrán una duración de la mitad de los establecidos con carácter ordinario».
Una vez la norma se apruebe en el Congreso pasará al Senado. Donde también se aplicaría una vía de urgencia. En este caso porque lo mandata la Constitución. El artículo 90.3 señala que «el plazo de dos meses de que el Senado dispone para vetar o enmendar el proyecto se reducirá al de veinte días naturales en los proyectos declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso de los Diputados».