El Gobierno paga un peaje millonario por el ‘sí’ a los Presupuestos de los nacionalistas
Arrancan más de 1.400 millones en inversiones para sus territorios en el ‘zoco’ presupuestario
Las formaciones nacionalistas y regionalistas del llamado ‘bloque de investidura’ han aprovechado la necesidad acuciante de apoyos parlamentarios que año tras año tiene el Gobierno de coalición para sacar adelante sus presupuestos –que este año han pasado al Senado con el respaldo del 54% de los diputados– para canalizar hacia sus territorios de origen más de 1.400 millones de euros en inversiones, que antes se habían incluido en las cuentas públicas sin un destino concreto.
Cataluña será la comunidad más beneficiada del tradicional reparto que se produce en el ‘zoco’ de la negociación parlamentaria de los presupuestos. Más allá de otras concesiones de dimensión política, ERC, cuyos 13 votos son indispensables para apuntalar la mayoría parlamentaria para aprobar los Presupuestos, ha logrado arrancar al Gobierno créditos extra por 900 millones de euros para la ejecución de diversos programas de inversión en infraestructuras en Cataluña, que unidos a los más de 40 millones conseguidos por el PDeCAT, a cambio de su respaldo a las cuentas públicas, convierten a la región en la principal receptora de nuevas partidas.
El apoyo de Bildu y PNV ha permitido canalizar cerca de 100 millones de euros en inversiones extra hacia el País Vasco y Navarra, mientras que las enmiendas aceptadas a Coalición Canaria también suman una cuantía en el entorno de unos 100 millones.
Mucho más que inversiones
El procedimiento se repite todos los años. El Gobierno dota con generosidad las partidas inversoras del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el Ministerio de Transición Ecológica y empresas públicas como Adif con la certeza de que en la negociación tendrá que hacer uso de ellas para asignarlas en la dirección que más le convenga a sus intereses.
Hace unos años incluso había una partida presupuestaria específica que se dotaba con más o menos recursos en función de lo peliaguda que se esperara la negociación presupuestaria.
Esa es la razón por la que la inmensa mayoría de las enmiendas presentadas a los Presupuestos responden a la asignación concreta de partidas genéricas destinadas a inversión en todo tipo de infraestructuras y también la razón de que la mayoría de las enmiendas aceptadas sean de esa naturaleza.
Sin embargo, la asignación de inversiones en infraestructuras no es la única factura que ha pagado el Gobierno y van a sufragar las arcas del Estado para garantizar la aprobación de las cuentas públicas. El principal logro que enarbola el PNV, de hecho, es la renovación del cupo pactado con el Gobierno de Mariano Rajoy en 2017, también en el marco de otra negociación presupuestaria en la que en este caso el Ejecutivo del PP necesitaba del apoyo de los nacionalistas vascos para poder aprobar sus cuentas. La pedrea serán un puñado de transferencias competenciales de servicios ferroviarios y cesiones de terrenos.
De los 480 millones que Bildu se jacta de haber conseguido en la negociación la parte del león la constituye el coste presupuestario de la prórroga para 2023 de la subida del 15% de las pensiones no contributivas, una medida de corte social que el Gobierno permite asignarse por segunda vez consecutiva a la formación abertzale y que supondrá un coste aproximado para el presupuesto del Estado de 30 millones de euros mensuales.
Otra de las grandes novedades que se han incluido en los Presupuestos en la negociación parlamentaria ha sido la gratuidad de todas las líneas de transporte por carretera concesionadas por el Estado, una medida transitoria para fomentar el transporte público ante la subida del precio de los carburantes, impulsada por el PDeCAT y que tendrá un coste presupuestario de 30 millones de euros.
Los apoyos de Más País, Coalición Canaria y Compromís también han venido respaldadas por diferentes concesiones territoriales. Incluso Teruel Existe, sin aprobar las cuentas, ha visto aprobadas algunas enmiendas.