Ione Belarra crea en su nueva ley 16 tipos diferentes de familias

∑El Gobierno obligará a estudiar en el aula la diversidad familiar sin que los padres puedan impedirlo ∑La ley inventa términos para definir los nuevos núcleos familiares, a los que promete acceso a internet, bonos para museos o pagar la luz

Tras el escándalo por la ley del ‘solo sí es sí’ de Irene Montero, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, le ha cogido el testigo con otra norma: la Ley de Familias. Una norma, que el Gobierno tiene previsto aprobar el martes, en el próximo consejo de ministros.

Ya sea para frenar lo que Podemos ha definido como «cacería machista y violencia política» respecto a las críticas de la ley de Igualdad o porque se acerca la Navidad, la cuestión es que ahora el Gobierno de coalición llega con una ley bajo el brazo cargada de derechos, ayudas económicas, bonos sociales para pagar la luz y bonificaciones en las tarifas de transporte o de los museos. Pero la clave de esta ley es su nombre y la cobertura que quiere dar. Se centra en Familias, con «s». La exposición de motivos del borrador del anteproyecto de ley, al que ha accedido ABC, dice claramente: «Ya no existe la familia, sino las familias, en plural». Amparándose en el Tribunal Constitucional, el texto asegura que «el concepto de familia no queda limitado a las de origen matrimonial», por lo que ve necesario garantizar «el pleno reconocimiento jurídico de los distintos tipos de familias y su protección, ya sea legal, económica, en términos de crianza y cuidado, de apoyo a través de servicios sociales, de salud y bienestar, de educación, cultura y ocio o con respecto a las tecnologías de la información».

Así, la ley de Ione Belarra, que no menciona una sola vez el término «natalidad», despliega un ‘catálogo’ de nuevas denominaciones bajo títulos tan sorprendentes como «transnacional»; «intercultural», «biparental», «reconstituida», «retornada», «joven» o «monomarental».

En este último caso, además, la ministra de Podemos se inventa conceptos que no son reconocidos por la Real Academia Española (RAE) que define con «monoparental» a aquella familia «que está formada solo por el padre o la madre y los hijos». Lo mismo ocurre cuando define a las familias LGTBI y se pretende aludir a dos mujeres del mismo sexo y sus hijos como unión «homomarental», cuando en realidad el término aplicable para personas del mismo sexo, sean hombres o mujeres los progenitores, es «homoparental», según la Real Academia.

Aunque resulte paradójico, la norma prevé, en determinadas circunstancias, que se beneficien de esta ley las personas solas. No se deja fuera las familias consideradas ‘estándar’ como las que derivan de una unión matrimonial, aunque se le da mayor importancia a las parejas de hecho, para las que la ley prevé la creación de un Registro Estatal de Parejas de Hecho y, además, modifica normativa existente para «introducir la figura de la pareja de hecho [...] en el reconocimiento de prestaciones, como la pensión de viudedad».

Adoctrinamiento

Por otro lado, la norma dedica un artículo a «la diversidad familiar como principio del sistema educativo» en el que obliga a las administraciones públicas a incluir el ‘catálogo’ de Belarra en los libros de texto. El texto legal señala que también deberá incluirse el estudio de la diversidad familiar en los demás materiales de uso educativo, actividades socioeducativas y de ocio complementarias y en la capacitación y formación del profesorado y demás profesionales del ámbito educativo.

Por si todo esto fuera poco, los padres de los niños no podrán negarse a que sus hijos reciban esta formación. En este sentido, la norma establece expresamente que «los progenitores o adultos responsables no podrán limitar o impedir el acceso de niñas, niños y adolescentes a la información y su participación en actividades de sen

Las personas que vivan solas también podrán beneficiarse en algunas circunstancias de las ayudas familiares

sibilización y difusión de la diversidad familiar que se desarrollen en el marco educativo, a fin de evitar una restricción de sus derechos a la educación y al libre desarrollo de su personalidad». Por último, el artículo sobre educación de la normativa estipula que «de manera singular, los formularios y cuestionarios para el alumnado no podrán contener epígrafes no inclusivos».

Pero a la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 no le basta toda la información contenida en este artículo sobre el sistema educativo y los contenidos que los alumnos deben aprender. En el apartado dedicado a las familias LGTBI vuelve a la carga con la educación de los niños. Dice que «de manera singular, las administraciones públicas competentes facilitarán la elección de centro educativo en condiciones de igualdad por parte de las familias LGBTI, y promoverán la visibilidad de la diversidad familiar en el currículum educativo, libros de textos y resto de material didáctico, superándose así la falta de referentes».

NIE para irregulares

De esta ley también se beneficiarán las personas no nacidas en España porque –según la memoria del anteproyecto a la que también ha accedido este periódico– se basa «más en criterios territoriales (domicilio en España) que personales (nacionalidad)», lo que hará que todo el que resida en nuestro país pueda acceder a las promesas del texto normativo.

Incluso, va más allá, y también prevé «que en el caso de personas de nacionalidad española no residentes y que no formen parte de una familia transnacional (esto es, cuando alguno de sus integrantes residan en España y otros no), puedan también tener derecho a lo previsto en esta Ley y en el marco establecido en la Ley 40/2006, de 14 de diciembre, del Estatuto de la ciudadanía española en el exterior».

Además, en el caso de las familias inmigrantes la norma prevé que se les provea de un NIE a todos los «niños y niñas cuyos progenitores se encuentren en situación irregular». Además, «se facilitará el trámite matrimonial o la inscripción en un registro de parejas de hecho de los progenitores independientemente de su situación administrativa, con plena garantía del cumplimiento de los requisitos legalmente previstos, especialmente en relación con la capacidad y el consentimiento».

628 millones de euros

Además, hay un apartado dedicado a las «relaciones familiares de la población penitenciaria» que prevé que se garantice «el mantenimiento de las relaciones familiares de la población penitenciaria con sus parejas, hijas/os y otros familiares y allegados» a través de la inclusión de «módulos para madres o padres con menores de 3 años». Además, para «evitar la desestructuración familiar, podrán establecerse, para grupos determinados de población penitenciaria, departamentos mixtos para las personas de distinto sexo, y departamentos para personas del mismo sexo, casadas, o parejas de hecho unidas por un vínculo similar de carácter afectivo-sexual».

Según los cálculos realizados por el Ministerio de Derechos Sociales, y tal y como reflejan en la memoria de impacto normativo, la ley costará unos 628.000.000 de euros.