Seis procesados por una ayuda a fondo perdido de 36 millones a Santana cuando estaba disuelta
Excargos del PSOE financiaron por «mero voluntarismo» una fábrica inviable, que recibió 135,5 millones
Casi doce años después de que echara el cierre la fábrica automovilística de Santana Motor, la investigación sobre la irregular gestión desarrollada por la Junta de Andalucía –propietaria de la empresa desde la marcha de la multinacional japonesa Suzuki en 1995– marca otro hito en las macrocausas de corrupción que afectan a antiguos gobiernos socialistas. El magistrado de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, ha dictado un auto por el que son procesados por supuestos delitos de prevaricación administrativa, malversación y falsedad documental cuatro ex altos cargos del Gobierno andaluz y dos antiguos directivos de la fábrica clausurada en febrero de 2011.
La investigación, que se inició en junio de 2015, se centra en la concesión de un préstamo «ficticio» de 36,10 millones de euros por parte de la agencia autonómica IDEA a Santana Motor (empresa de la que era titular) «a sabiendas de la imposibilidad» de que devolviera el dinero público porque «la factoría se encontraba en liquidación y no podía obtener beneficios», según expone la resolución judicial fechada el 22 de noviembre pasado, a la que ha tenido acceso ABC.
El supuesto crédito público se transformó en «prestamos participativos» que se suscribieron el 29 de abril de 2011, el mismo día de la Junta General de Accionistas de Santana Motor (de la que formaba parte IDEA) aprobó la disolución y posterior liquidación de la empresa automovilística.
«En todo caso, se habrían así concedido unas ayudas a fondo perdido bajo la apariencia formal de una operación de préstamo participativo, determinando una disposición fondos públicos netamente contraria a los criterios de objetividad, eficiencia y economía que habrían de imperar en la gestión y administración de fondos de la Administración», advierte el juez.
A la vista de las diligencias practicadas y, particularmente, de diversos informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, el magistrado concluye que el exconsejero de Innovación Martín Soler y los exdirectores generales de la Agencia IDEA Jacinto
Cañete Rolloso y Antonio Valverde Ramos «habrían transferido irregularmente los fondos» en favor del Grupo Santana Motor, «con la natural complicidad y concurrencia de sus directivos y representantes», los investigados Carlos García Malo de Molina, José Enrique Bravo Ramírez y Bienvenido Martínez. Todos ellos están ahora más cerca de sentarse en el banquillo.
Bienvenido Martínez fue presidente de la factoría y directivo de IDEA y hermano de Juan Carlos Martínez, marido de la actual directora general de la Guardia Civil, la socialista malagueña María Gámez. Juan Carlos Martínez estuvo en el punto de mira de las pesquisas policiales del denominado caso Santana, que fue el embrión del fraude de los ERE, un fondo «arbitrario» de ayudas que financió a numerosas empresas andaluzas. El pasado julio, el juez acordó sobreseer la causa contra Juan Carlos Martínez argumentando que «no consta» que, como responsable o directivo de la Agencia IDEA, «participara en las irregularidades».
Pero el relato fáctico no ha variado en lo esencial. El juez aprecia indicios delictivos en la inyección millonaria de dinero público a Santana. Los últimos fondos se entregaron «por el mero voluntarismo de los responsables de la Consejería de Innovación de la Junta de Andalucía y de la Agencia IDEA» y «a sabiendas de la falta de viabilidad del proyecto y de la falta de capacidad económica de dicha empresa para su reintegro». La empresa fue financiada «de manera injusta y arbitraria, sin intención alguna de mejora del producto y con la única finalidad de cubrir gastos ya devengados que no podían ser atendidos o financiados de otro modo», según expone el juez.
Dinero sin recuperar
De hecho, nunca se reintegró el dinero a la Administración. Y tampoco la Agencia IDEA «habría realizando actuación alguna para recuperar los fondos prestados», más allá de «las operaciones propias de la liquidación de la sociedad», detalla el auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado, un paso previo a la apertura de juicio oral. La factoría ubicada en Linares, la ciudad con mayor paro de España, echó el candado después de recibir 135,57 millones de euros entre 2008 y 2011 mediante diversas ayudas y operaciones millonarias de compraventa de inmuebles devaluados que adquirió la Agencia IDEA. Una inyección millonaria de ‘gasolina’ financiera con cargo a las arcas públicas que, sin embargo, no logró salvar la compañía. Al menos la última de las ayudas fue fraudulenta, según la investigación. «La apariencia formal de una operación de préstamo» enmascaraba «en realidad ayudas a fondo perdido concedidas graciosamente» y «sin intención alguna de recuperar» dichos fondos entregados «al margen de los procedimientos legalmente aplicables» y sin que tuvieran el destino fijado en el convenio que se firmó para justificar la operación: el diseño y fabricación de un todoterreno denominado Massif, concebido para el mercado militar o industrial. De los 36,1 millones aportados al desarrollo del prototipo del vehículo, «sólo se habrían realizado pagos» a proveedores por importe de 10,65 millones. El resto del capital del préstamo habría sido destinado a operaciones «de gestión o financiación ordinaria» que nada tenían que ver con el proyecto.
El juez imputa delitos de prevaricación, falsedad y malversación al exconsejero Martín Soler y tres ex altos cargos más