La presidenta del Consejo de Estado se estrena en el cargo defendiendo al Gobierno
«Es respetable que no solicite dictamen si no es preceptivo», justifica la socialista Valerio
El Gobierno ha ignorado al Consejo de Estado en la redacción y aprobación del proyecto de ley de reforma del Código Penal sobre maltrato animal. El Consejo de Ministros aprobó el texto sin pedir opinión al máximo órgano consultivo del Estado, al que en anteriores reformas del Código Penal sí que se pidió dictamen para contar con una opinión jurídica reforzada y ganar en calidad legislativa. La oposición se ha quejado por ello, pero la nueva presidenta del Consejo de Estado, la socialista Magdalena Valerio, ayer prefirió salir en defensa del Gobierno al que le debe el cargo: tras más de 20 años encadenando puestos políticos –en los últimos años ministra de Sánchez y escaño en el Congreso–, Valerio ha sido recompensada por el líder del PSOE con la presidencia del Consejo de Estado, plaza que está retribuida con 86.900 euros de sueldo bruto anual.
Un par de semanas después de tomar posesión del cargo, Valerio compareció ayer en rueda de prensa para presentar la memoria de actividad de este organismo en 2021. En el turno de preguntas se le pidió opinión sobre el hecho de que el Gobierno no someta al dictamen del Consejo de Estado proyectos de ley de especial calado, como la citada reforma penal que se encuentra actualmente en tramitación en el
Congreso. En su respuesta, Valerio justificó al Gobierno: «No es obligatorio que todos los anteproyectos de ley pasen por el Consejo de Estado». Pero el hecho de que no sea obligatorio (dictamen preceptivo) no significa que el Ejecutivo no pueda someterlos a consulta (consulta facultativa, de la que abundan los ejemplos). Ante la repregunta, Valerio se reiteró del lado del Gobierno: «Cuando la solicitud del dictamen es facultativa, es el Gobierno el que decide y por nuestra parte solo cabe aceptar la decisión con total respeto».
Esta posición chocaba con la que ella misma había expresado pocos minutos antes, al comienzo de su rueda de prensa. Había insistido en el valor que tiene la cualificada y experta opinión jurídica del Consejo de Estado, y en lo conveniente que es tenerla en cuenta en estos «tiempos inciertos y acalorados». Pidió contar con la «reflexión serena, desapasionada, con objetividad y neutralidad» que ofrece el Consejo de Estado, porque ayuda «a la eficacia de las políticas públicas mediante el diseño de sus instrumentos jurídicos».
Nombramiento recurrido
Por otra parte, Magdalena Valerio dijo que respetará lo que resuelva el Tribunal Supremo sobre su nombramiento como presidenta del Consejo de Estado. La asociación Hay Derecho lo recurrió por entender que es notorio que no cumple con el requisito que fija la ley para poder ocupar ese puesto: ser un «jurista de reconocido prestigio y [tener] experiencia en asuntos de Estado». Valerio, licenciada en Derecho, es funcionaria de la escala de Gestión de la Seguridad Social y de Empleo y desde 1999 encadena cargos políticos.