Una fundación apoyada con doce millones por el Gobierno denuncia que la concertada «segrega»
Bofill pide más control sobre esta red a la que acusa de seleccionar a sus alumnos
Un nuevo estudio denuncia que la concertada en España «contribuye de forma directa a la generación de desigualdades educativas, y especialmente a la segregación escolar». El informe, elaborado por la Fundación Bofill, denuncia que la concertada, establecida en nuestro país por una ley socialista y garante junto a la pública del derecho constitucional a la educación, «contribuye de forma directa a la generación de desigualdades educativas, y especialmente a la segregación escolar. Si lo comparamos con el sector público, el sector concertado escolariza, de media, un porcentaje significativamente inferior de alumnado desfavorecido desde el punto de vista educativo y/o socioeconómico», apunta el informe hecho público ayer.
Lo curioso es que para sostener esta afirmación citan estudios que dicen que el supuesto problema es de ambas redes (pública y concertada). Por ejemplo, los informes de Síndic de Gregues (Defensor del Pueblo) de Cataluña «muestran cómo la contribución del sector concertado a la segregación del sistema educativo catalán es relativamente limitada. Por ejemplo, para el curso 2012-2013 (...) solo el 20,5% de la segregación escolar del sistema educativo catalán se explica por las diferencias entre el sector concertado y el público, mientras que el 79,5% se explica por diferencias entre los centros de un mismo sector».
Selección de alumnos
También acusan a la concertada de «seleccionar» a los alumnos que quieren que se matriculen en sus centros. Así, citan otro informe de 2003 que alerta de que a pesar de la existencia de un proceso centralizado de elección y la creación de comisiones de escolarización, se producen «prácticas irregulares en los procesos de admisión» y que «las escuelas concertadas informan de un menor número de plazas de las que disponen realmente, priorizan solicitudes sin seguir los criterios establecidos, o informan a algunas familias de que no tienen plazas y les sugieren solicitarlas en otra escuela».
Lo que pide la fundación Bofill es que se controle más el régimen de conciertos a través de las siguientes propuestas: reforzar el papel de los criterios de planificación educativa en el diseño de la oferta pública y concertada para que se consideren, entre otros, las necesidades de escolarización y la distribución equilibrada del alumnado; establecer requisitos para la autorización y renovación de conciertos; reforzar y hacer efectiva la regulación en materia de cuotas y aportaciones familiares, así como una mejora de la financiación de los centros concertados; avanzar hacia mayores niveles de transparencia presupuestaria y, en el ámbito de la admisión de alumnos, reforzar la centralización en la gestión del proceso de elección escolar para evitar que se den prácticas de selección encubiertas.
La respuesta de la concertada no se hizo esperar. «El informe revela una forma de entender el sistema educativo y la libertad de enseñanza que no se corresponde con la Constitución. No podemos aceptar las acusaciones veladas de que la concertada es "segregadora", dado que cumple su función social de escolarización con las mismas reglas de admisión que la pública», señaló Luis Centeno, secretario general adjunto de Escuelas Católicas, la patronal más grande la concertada en nuestro país. Por otro lado, Centeno critica la propuesta de centralizar los procesos de admisión del alumnado: «El derecho de admisión está íntimamente ligado al derecho de creación de centros reconocido en la Constitución. La administración establece unos criterios de preferencia y tiene que velar por su cumplimiento. No obstante, esto no puede conllevar que la administración se subrogue en los derechos del titular, dado que esto supondría convertir de facto los centros concertados en públicos». En cuanto a la acusación de que se selecciona al estudiantado, «lo rechazamos; los procesos de admisión se realizan a través de aplicaciones informáticas creadas y supervisadas por las consejerías de cada comunidad».
Por último, el informe señala que la nueva ley educativa, Lomloe, «introduce algunas novedades en la regulación de los conciertos educativos, pero es necesario que estos cambios tengan una traducción en la regulación autonómica del sector concertado».
Dinero para programas
El estudio alaba los cambios introducidos en la ‘ley Celaá’ respecto a la regulación de los conciertos educativos
La fundación Bofill ha recibido a través del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones 12,5 millones de euros de subvención para la realización de un proyecto para la inclusión social, según reza en una resolución publicada en el BOE el pasado 5 de septiembre. El objeto del proyecto es «reforzar la efectividad del ingreso mínimo vital implementando y evaluando el impacto de tres programas de apoyo socioeducativo dirigidos al alumnado en situación de vulnerabilidad escolarizado en centros de alta y máxima complejidad de Primaria y Secundaria».