Los inspectores de la Junta podrán paralizar las viviendas irregulares

∑La norma establece dónde se puede construir en suelo rústico, regula las casas-cueva y agiliza los trámites

Las normas urbanísticas de Andalucía han cambiado definitivamente. Y los últimos detalles de la Ley del Suelo (Ley de Impulso para la Sostenibilidad y el Territorio de Andalucía, LISTA, que se aprobó hace un año) entrarán en vigor el próximo 22 de diciembre cuando se inicie la aplicación del reglamento de la ley que ayer aprobó el Consejo de Gobierno. La norma aclara en qué condiciones puede construirse una vivienda en suelo urbano o rústico, cuáles de las casi 300.000 irregulares que ya existen en Andalucía pueden regularizarse, así como las medidas para impedir que vuelvan a proliferar.

La clave del reglamento está en la construcción de viviendas en suelo rústico, ya que con la nueva norma se permiten siempre y cuando sean diseminadas y no supongan la creación de una nueva urbanización. A partir de ahora el suelo se clasifica en sólo dos categorías, urbano o rústico, una simplificación que pretende resolver el galimatías de normas, leyes y decretos que había que sortear con la Ley del Suelo anterior que era de hace veinte años. «Queremos generar oportunidades, atraer proyectos y equipamientos para poder dibujar una Andalucía de forma ordenada y sostenible», dijo la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Marifrán Carazo. Desde el Gobierno andaluz defienden que esta medida va a servir para «propiciar la vida en el campo» sobre todo por personas que tienen la opción de teletrabajar, «es también una manera de fijar la población al territorio».

Para regularizar las viviendas ilegales que ya existen será necesario que los propietarios de las mismas inicien los trámites para ello; en el caso de las urbanizaciones, serán los ayuntamientos los que tengan que elaborar un plan especial al efecto.

Las novedades en la normativa urbanística —una de las pocas que afecta a todos los andaluces sin distinción— es que la Junta podrá paralizar la construcción de obras irregulares nada más que las detecte, sin esperar resoluciones judiciales ni otras actuaciones administrativas, como sucedía hasta ahora cuando los ayuntamientos eran los competentes en esta materia y la administración autonómica sólo podía intervenir tras la petición de los ayuntamientos o ante una manifiesta dejadez de los mismos. Pero las 300.000 edificaciones fuera de la ley que existen muestran que este sistema no era muy eficaz. Con la nueva norma se pretende poner freno a la construcción sin control y aumentar las inspecciones urbanísticas. La Junta cuenta ahora con 26 inspectores y sacará otras cinco plazas en el próximo año 2023.

Parques solares

Las nuevas viviendas unifamiliares construidas en suelo rústico y diseminadas deberán, además, garantizar