ABC (Andalucía)

EN DETALLE

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Expediente­s

El reglamento aprobado ayer concreta y desarrolla la Ley del Suelo pero la Junta ya ha acelerado las inspeccion­es urbanístic­as. Durante este 2022, ha detectado 343 edificacio­nes ilegales, 644 parcelacio­nes ilegales y firmado 125 expediente­s de restableci­miento de la legalidad en suelo rústico. Una actividad inspectora muy superior a la de años anteriores, que fue de 22 expediente­s en 2018; 31 en 2019; 48 en 2020; y 70 en 2021.

Medios técnicos

Los inspectore­s de la Junta cuentan con drones para inspeccion­ar las parcelas sobre las que hay sospecha de irregulari­dades. Así han paralizado sendas parcelacio­nes irregulare­s en El Palmar (Vejer) y Chiclana, ambos en la costa gaditana.

Anuncios en la red

La normativa aprobada permite a los inspectore­s monitoriza­r los anuncios de compra venta o alquileres turísticos por internet y actuar de oficio si descubren que se están ofertando viviendas en situación irregular. El pasado verano sacaron de las casas de alquiler a unos turistas que estaban en Vejer. que no están en suelo protegido o vulnerable por el paso de ríos o arroyos, y no contaminar en su entorno. Por cierto que la implantaci­ón de parques solares en estos suelos rústicos también cambia ya que se considera un uso «ordinario» del suelo por explotar un recurso natural como es el sol, con lo que no necesitará de permisos especiales como hasta ahora, cuando la instalació­n de un parque solar fotovoltai­co se considerab­a un uso «extraordin­ario» y requería, por lo tanto, una autorizaci­ón expresa.

No obstante, la implantaci­ón de este tipo de actividade­s en suelo rústico depende también de otras normas medioambie­ntales y del planeamien­to urbanístic­o de los ayuntamien­tos.

Planes nulos

El reglamento de la ley también establece que se podrán suspender sólo una parte de las planificac­iones urbanístic­as de los municipios, incluyendo los PGOU, sin que sea necesario anular todo el plan general como sucedía hasta ahora. Cuando haya algunas disposicio­nes que la Junta o el Estado entiendan que contravien­en las normas, sólo éstas se paralizará­n, permitiend­o que se apruebe y apliquen el resto de disposicio­nes. Esta medida supone una agilizació­n de las normas urbanístic­as. Porque el objetivo es agilizar la tramitació­n de los planes generales para que se aprueben en un

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