La ‘oficina’ de Sito Miñanco entre barrotes
El fiscal pide 31 años de prisión para Sito Miñanco, acusado de continuar sus negocios de tráfico de droga desde el centro de internamiento de Algeciras donde cumplía el tercer grado
Ni la prisión hizo cejar la operatividad de José Ramón Prado Bugallo, conocido como Sito Miñanco, uno de los narcos con más historial de España. La Fiscalía Antidroga explica que, mientras cumplía condena de 16 años y 10 meses de prisión por un delito contra la salud pública en el Centro de Inserción Social Manuel Montesinos de Algeciras, una prisión para los que ya gozan de beneficios penitenciarios con salidas o semilibertad, seguía manejando con sus tentáculos toda su organigrama delictivo, que respondía a sus órdenes desde esta prisión para seguir metiendo miles de kilos de cocaína en España. La Fiscalía Antidroga los acusa otra vez de narcotráfico, después de que estuviera desde 2016 en tercer grado con un contrato como trabajador de un parking y le pide esta vez 31 años de prisión.
Sin embargo, el Ministerio Público remarca que «su única y verdadera actividad» era introducir droga en España, para lo que mantenía los contactos, la confianza de los suministradores en Sudamérica y el material necesario. Tenía a sus ordenes «una pléyade» de curtidos criminales que acataban sus órdenes «de forma casi reverencial».
La Fiscalía define la organización como «personalista», donde todo era supervisado por Miñanco y, pese a la limitaciones de estar en prisión, «extremaba el control sobre sus subordinados, en particular, respecto a la confidencialidad de las comunicaciones» para lo que usaba el alias de ‘Mario’.
Subalternos de confianza
Al tener limitados sus desplazamientos, se apoyó en dos subalternos de confianza con libertad para preparar la logística de los envíos. El primero tiene el alias ‘Alan’o ‘El Viejo’ y el segundo era ‘Chus’ o ‘Nuria’. A ellos confiaba los pormenores de las distintas operaciones criminales puesto que los tres ya habían participado en otras operaciones de narcotráfico anteriores, por las que habían sido condenados en 2006.
‘El Viejo’ era su lugarteniente, responsable de efectuar los pagos y de realizar los correspondientes apuntes contables necesarios para administrar y gestionar la infraestructura criminal. Eran los ‘contables’ que ocultaban el beneficio económico resultante de
La compleja red que hacía posible que Miñanco siguiera haciendo negocios desde la cárcel llegaba hasta las 50 personas
los cargamentos de droga. Justo por debajo de ellos en el escalafón estaba ‘El Niño’, con antecedentes por narcotráfico y blanqueo, y un cuarto miembro apodado ‘Cherokee’, éste de la confianza de ‘Chus’.
Bajo ellos un entramado con personal de vigilancia y seguridad para las reuniones, supervisores de las descargas, un trabajador de astilleros para reparar las embarcaciones, otra para comprar los motores de las lanchas, pilotos expertos para llevar la carga desde un buque nodriza hasta tierra, así como un taller donde preparaban los vehículos para los transportes de droga y personal dedicado a recoger los réditos de la venta de la droga para meterlo en un circuito de lavado de dinero.
Medio centenar de personas que hacían posible que Miñanco pudiera operar pese a sus restricciones de libertad. Según las Fiscalía, ellos se encargaban, por orden del capo, desde la logística para traer las cocaína a España hasta el lavado de dinero, que se hacía por diversas vías. Una red en la que la fiscalía también acusa de blanqueo al abogado Gonzalo Boye.
En la acusación hay desde empresas de astilleros, otras de venta para material de embarcaciones, empresas de seguridad, concesionarios de coches de alta gama en la Costa del Sol, otros de alquiler y venta de vehículos, así como agencias inmobiliarias o un grupo encargado de enviar dinero con «correos humanos» a Colombia, que se desprendía de los beneficios de los cargamentos de droga y el que se llegó a incautar una maleta en Barajas con casi 900.000 euros.
El capo disponía de inmuebles y vehículos para poder moverse sin ser detectado por la Policía, que lo arrestó tras una investigación ardua entre 2016 y 2017. Tenía viviendas seguras en Baiona o en Cambados para cuando iba a Galicia, así como un piso franco en Benalmádena y una nave en Collado Mediano en Madrid.
En la acusación hay empresas de astilleros, de venta de embarcaciones y concesionarios de coches de alta gama