Alemania abre la puerta a la inmigración extracomunitaria
Berlín espera captar 400.000 trabajadores extranjeros al año, 35 millones hasta 2035
Con el objetivo de combatir la escasez de trabajadores cualificados, el Gobierno alemán lanzó ayer la que el ministro de Trabajo, Hubertus Heil, presentó como la «ley de inmigración más moderna de Europa». «Competimos con muchos otros países por mentes inteligentes y manos amigas», dijo, «conseguir a las personas adecuadas asegurará la prosperidad de Alemania». Con esta ley se facilitará significativamente la inmigración de trabajadores formados en el extranjero, que, según Heil, «buscamos masivamente».
Para las empresas alemanas pasa a ser muy sencilla la contratación de trabajadores con estudios superiores captados en el exterior, que ingresarán prácticamente de forma automática en el país. Los más buscados son técnicos, ingenieros, informáticos, personal sanitario, de cuidado de ancianos y trabajadores de la hostelería. Un sistema de puntos inspirado en el canadiense permitirá además llegar a Alemania a trabajadores extracomunitarios en busca de empleo, sobre la base de un mecanismo que premia sus competencias lingüísticas y su experiencia profesional, además de su titulación.
La ley entrará en vigor en 2023 y «veremos sus primeros resultados sobre el mercado laboral en 2025», avanzó el ministro, que cuenta con el apoyo de la patronal. La Asociación de Cámaras Alemanas de la Industria y el Comercio (DIHK) considera el proyecto insuficiente en lo que respecta a límites salariales y contratación de aprendices. «Con el creciente número de plazas de formación sin cubrir en Alemania, deberíamos ser más pragmáticos y atraer a más aprendices de oficios», dijo su director general adjunto, Achim Dercks.
Resolver el déficit
En un mercado laboral en el que se arrastra un déficit de 7 millones de puestos de trabajo que no es posible cubrir, incluso los sindicatos están de acuerdo. «Como sociedad, nos beneficiamos cuando trabajadores cualificados llegan a Alemania», declaró el presidente de IG Metall, Jörg Hofmann. «Los obstáculos burocráticos, desde las solicitudes de visado hasta el reconocimiento de títulos, dificultan la inmigración y con ello el crecimiento», dijo. «El actual déficit de personal que sufren muchas empresas pone en peligro su funcionamiento e incluso su existencia», justificó Heil, calculando que Alemania necesita a unos 400.000 trabajadores no pertenecientes a la UE anualmente, o un total de 35 millones, hasta 2035. Sin la incorporación de estos trabajadores, «no está asegurada la transición energética ni la imprescindible digitalización», respaldó el ministro verde de Economía y Clima, Robert Habeck.
En paralelo, la ministra de Interior, Nancy Faeser, está trabajando en una reforma de la Ley de Ciudadanía, de manera que los niños nacidos en Alemania cuyos padres hayan vivido en el país durante al menos cinco años recibirán automáticamente la ciudadanía, se permitirán múltiples ciudadanías y quedará reducido el tiempo de residencia obligatorio antes de presentar la solicitud.
Para las personas altamente cualificadas, los límites de ingresos se reducirán al nivel más bajo previsto en la directiva correspondiente de la UE. Se suprimirá el control prioritario de entrada y residencia para iniciar un aprendizaje y para las denominadas profesiones no reguladas será suficiente con dos años de experiencia profesional acreditada. También es posible una desviación a la baja del umbral salarial si el empleador está obligado por un convenio colectivo. Serán los empleadores los responsables de verificar las habilidades lingüísticas, un elemento que facilitará sin duda este proceso. Además, se simplificarán las oportunidades de trabajo en general, incluso para los estudiantes.
La única voz discordante es la de la oposición. El líder de la conservadora CDU, Friedrich Merz, afirmó que «necesitamos más inmigrantes cualificados», pero señaló que Alemania «no está explotando todo su propio potencial, que sería el primer paso aconsejable».
En paralelo, el Ministerio de Interior también trabaja en una ley que facilite el acceso a la ciudadanía a los hijos de los inmigrantes