Le cae un año de cárcel por revelar un desvío de ayudas de UGT-A que sigue sin juzgarse
La Audiencia de Sevilla aprecia dilaciones indebidas en el proceso para bajar la pena al ex empleado del sindicato
El extrabajador de UGT Andalucía Roberto Macías ha pagado un precio muy alto por sacar a la luz la supuesta trama de facturas falsas que va a sentar en el banquillo a la antigua cúpula regional del sindicato. El coste, personal y económico, se ha traducido en una condena a un año de prisión por un delito de descubrimiento y revelación de secretos del sindicato. Una sentencia de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla dictada el 24 de noviembre pasado estima en parte el recurso que presentó el exempleado y rebaja a la mitad la pena de dos años que le impuso el Juzgado de lo Penal número 15 de Sevilla, al aplicar como atenuante las «dilaciones indebidas» que acumuló este proceso.
Macías, que estuvo trabajando como administrativo en el departamento de compras de UGT Andalucía desde 2008 hasta noviembre de 2012, fue juzgado y condenado en primera instancia por «filtrar» a diversos medios de comunicación «información reservada y sensible» sobre la supuesta trama de las «facturas simuladas». Dicha mecánica habría permitido al sindicato financiarse irregularmente con subvenciones de la Junta de Andalucía destinadas a dar cursos de formación a parados y trabajadores. Cinco exdirigentes de la organización han sido procesados por el desvío de 40,7 millones de euros de fondos públicos. No serán juzgados hasta el año 2024.
Entre tanto, ya ha sido condenada la persona que lo destapó. La sentencia, a la que ha accedido ABC, rechaza el recurso de apelación presentado por el sindicato que reclamaba 60.000 euros al acusado en concepto de daños y perjuicios. UGT-A no ha aportado «elementos de juicio relevantes para estimar ocasionado un perjuicio que deba ser civilmente resarcido», argumenta.
Otros canales de denuncia
La sentencia censura que «el recurrente optó por divulgar directamente en los medios de comunicación la información reservada» del sindicato, en lugar de utilizar «los canales internos y externos de denuncia», como son la propia UGT-A y la Policía, los juzgados o la Fiscalía. No obstante, señala que «hay algunos datos revelados que no tienen la condición de reservados». Es el caso de «las facturas del sindicato respecto de determinadas empresas, la copia de la cuenta del Libro Mayor del sindicato, los acuerdos adoptados por la Comisión Ejecutiva, la información sobre los fondos que el sindicato tenía en determinadas entidades bancarias o talones al portador».
Sin embargo, la Sección Séptima sí considera que tanto los correos electrónicos como los extractos de la tarjeta de crédito difundidos «tenían tal consideración, generando en los afectados una legítima expectativa de privacidad que fue defraudada». Para los jueces, «es intrascendente» a tal efecto la invocación de la Ley de Transparencia, pues «tales obligaciones» de acceso a información pública «no obstan a la prohibición de utilizar los datos de carácter reservado sin la debida autorización».
Ocho años de proceso
La Sala aprecia como circunstancia atenuante el retraso de esta investigación. «Debe valorarse que los hechos acontecen en el año 2012, que la causa se incoa en el año 2014, y que la sentencia en primera instancia no se dicta hasta el año 2020, pese a no tratarse de una causa particularmente compleja pues el grueso de la información incriminatoria se había aportado con el escrito de querella», explica. A ello se suma la tardanza de dos años en la resolución
Los jueces lo condenan por revelar documentos reservados del sindicato, pero rechaza que éste sea resarcido con 60.000 euros
de los recursos, lo que «exige la apreciación de la atenuante de dilaciones indebidas», puntualiza.
Las informaciones publicadas sobre las facturas falsas causaron un seísmo en la central que obligó a dimitir al anterior líder regional, Francisco Fernández Sevilla, en 2013, y dio pie a una investigación que se saldó en 2020 con un auto de apertura de juicio. El citado exdirigente, cuatro ex responsables más del sindicato y diez proveedores, se sientan en el banquillo por «defraudar» 40,7 millones en ayudas concedidas por la Junta en la etapa del PSOE. Están acusados de un delito continuado de fraude de subvenciones y otro de falsedad documental. La Fiscalía pide 26 años de cárcel para ellos y 200 millones de multa.
Tras recibir la sentencia, el extrabajador ha lamentado la falta de transposición de la directiva europea que prevé medidas de apoyo a los alertadores de corrupción. «El mensaje que subyace es que conviene más quedarse callado y no mover ni un papel. Lo que más duele es que los responsables de este caso de corrupción siguen sin ser juzgados y posiblemente mi condena les sirva para anular su proceso y puedan irse de rositas», se queja.