Una grabadora oculta en un osito lleva a juicio a dos docentes por vejar a niños con síndrome de Down
∑Las profesoras se enfrentan a cuatro años de prisión por «humillar» a los menores: «Sois unos mierdas» ∑Las acusadas pelean por invalidar los audios al entender que se obtuvieron de manera «ilegal» y «subrepticia»
«Sois unos mierdas», «gilipollas», «atontados», «bobos», «alelaos». Quienes profieren estos insultos son dos profesoras de un colegio de educación especial al frente de un aula de niños de entre ocho y diez años. Los destinatarios, siete menores con síndrome de Down que, durante meses, habrían sido víctimas de humillaciones y vejaciones por parte de sus educadoras: «Qué asco me das»; «Te voy a quitar la sordera de un guantazo»; «Qué ganas tengo de darte una hostia»; «Me dan ganas de matarte». Y estos son solo algunos de los mensajes captados por una grabadora de audio que unos padres escondieron en el interior de un oso de peluche. Hicieron que su hija lo llevara a clase cada día, colgado de la cremallera de la mochila, después de detectar un cambio en su comportamiento: «Al cole no, al cole no», repetía.
«Hay indicios racionales de criminalidad ( …) de la comisión de un delito contra la integridad moral de siete niños, sus alumnos», asevera el juez en un auto. «Así se desprende del contenido de las grabaciones que fueron aportadas a la Policía». Entre ellas se encuentra el siguiente mensaje, que también dirige una de las maestras a un menor con discapacidad: «No se puede ser tan inútil. Lo que hace es el gilipollas. ¿A que sí? ¿Te haces el tonto del culo? Pues más tonta del culo voy a ser yo contigo. ¡Te voy a amargar la vida!».
Por estos hechos ambas profesoras –la titular, B. C., y la auxiliar, M. R.– tendrán que sentarse en el banquillo de los acusados. Aún no se ha fijado fecha para el juicio, pero previsiblemente se celebrará a lo largo de 2023. La Fiscalía solicita para cada una de las educadoras dos años de cárcel, mientras que las familias que ejercen la acusación particular elevan la petición a entre tres y cuatro años de prisión. Reclaman asimismo una indemnización de entre 20.000 y 30.000 euros por el daño psicológico, además del empeoramiento cognitivo que habrían sufrido los niños. «Al menos desde el comienzo de 2019 ambas acusadas infligieron un trato humillante y vejatorio a los menores por razón de su discapacidad y con ánimo de lesionar su dignidad y atentando contra su integridad moral», denuncian en sus escritos.
Además, señalan como responsable civil subsidiario al centro educativo, de la Fundación Gil Gayarre, un colegio madrileño para niños con discapacidad, que en caso de condena deberá hacer frente también a una compensación económica. Así consta en el sumario del caso, al que ha tenido acceso ABC y que recoge, entre otros documentos, las declaraciones prestadas por los progenitores ante las autoridades cuando estalló el caso en 2019, así como la transcripción de las grabaciones realizadas.
Ansiedad y vómitos
Los episodios de ansiedad, los vómitos recurrentes y las negativas constantes para ir al colegio alertaron a unos padres de que algo iba mal. Según su versión, desde el colegio aseguraban que no pasaba nada, por lo que decidieron actuar. Las pesadillas también se habían vuelto frecuentes, su hija volvía a hacerse pis en la cama, a veces lloraba sin motivo aparente y tenía una actitud irascible. Los informes
psicológicos aportados a la causa lo avalan. La menor sufrió un «notable empeoramiento» de sus habilidades a partir del mes de octubre de 2018, coincidiendo con el inicio del curso escolar en el que las acusadas, B. C. y M. R., eran sus profesoras, que se referían a ella, entre otros descalificativos, como «niñita de los cojones». Las secuelas perduran y, a raíz de la experiencia vivida, «sigue presentado situaciones de baja autoestima y problemas emocionales». Y no es la única.
Otro informe achaca la falta de control de esfínteres de un menor como consecuencia del trato recibido en el aula. De él las profesoras decían en voz alta: «Este niño es como un mueble» o «dan ganas de darle con la mano abierta». A lo que la otra docente, también procesada, habría contestado: «Yo le daba uno [guantazo] de ida y otro de vuelta». Pero la lista de expresiones «inapropiadas» va más allá: «No tienes ni idea de comer»; «Que no me mires con esa cara»; «Dame la agenda, boboncio»; «¿Que te machaque te gusta? Pues te machaco un poco».
Las acusadas, además, se referían a los niños de esta manera: «Déjala que está muy gorda»; «Le he sacado a empujones al patio y le he hecho dar siete vueltas corriendo»; «Este no vale para nada». Todos estos comentarios, en ocasiones dirigidos «a gritos» –según apunta el funcionario que transcribió los audios–, fueron captados por la grabadora que los padres ocultaron en el oso de peluche de su hija. El informe de la Sección de Acústica Forense de la Comisaría General de la Policía Científica que analizó los audios concluyó que no fueron manipulados: «No se observan indicios asociados a alteraciones, ediciones o borrados posteriores a los procesos de grabación».
No obstante, las dos profesoras, que se enfrentan a una posible condena de hasta cuatro años de cárcel, pelean ahora por invalidar los audios. Entienden que esas grabaciones se obtuvieron de manera «ilegal» y «subrepticia». Acusan a los padres que ocultaron el micrófono de cometer un delito de revelación de secretos. «Realizaron una extracción interesada, sesgada, parcial y descontextualizada de unos minutos de fechas de grabación no determinadas», añaden.
La versión del colegio
Este diario se ha puesto en contacto con el centro educativo, la Fundación Gil Gayarre. Recuerdan que fue el colegio quien denunció e inició este proceso, ante la Policía Nacional en marzo de 2019, al hallar de manera fortuita la grabadora en el aula. Aseguran que desde el inicio la Fundación apartó a las profesionales implicadas y que las familias no utilizaron los cauces establecidos para poner las grabaciones en conocimiento de la Fundación ni denunciaron los hechos ante la Policía.
Los padres vienen declarando que si no lo hicieron fue porque desconocían si las mismas eran legales.