El Gobierno trató de impedir que el SAS comprase material
► Intervino 150.000 mascarillas encargadas por la Junta a una fábrica de Alcalá la Real
de obtener una ganancia en dicha mediación» no se consumó. Aparte de Gallardo, en esta causa estuvieron investigados su hermana Ana María y una socia suya, quienes fueron arrestados y puestos en libertad con cargos tras declarar ante el juez. El instructor del sumario cree que los intermediarios se «inventaron» que tenían «un contacto en la Junta de Andalucía», pero en realidad éste nunca existió.
Los comisionistas no lograron su objetivo tanto por la «inhabilidad técnica del producto ofertado», procedente de Corea, como por las objeciones que puso el proveedor del producto al inflado artificial del precio del producto.
Finalmente, los andaluces no tuvieron que pagar los dudosos test y, por ende, tampoco ninguna mordida. La Junta había respondido al ‘Koldo’ andaluz con un sonoro portazo.
Tras la declaración del estado de alarma el 14 de marzo de 2020, la Junta trató de hacer acopio de artículos por sus propios medios para proteger a los profesionales sanitarios que trabajaban en condiciones precarias. Pero el Gobierno paralizó algunos de sus pedidos. El Ministerio de Sanidad había decidido gestionar las compras directamente, a través del Ingesa, para repartir las provisiones entre todas las regiones atendiendo a las necesidades de cada una.
Andalucía, al igual que comunidades como Cataluña o Madrid, se rebelaron contra la compra centralizada. El 16 de marzo de 2020, el consejero andaluz de Salud, Jesús Aguirre, envió una carta de protesta al ministro de Sanidad, Salvador Illa, en la que le pedía que garantizase «de manera inmediata» a los andaluces el suministro de mascarillas ante el grave desabastecimiento. Un día antes, la Guardia Civil había intervenido 150.000 mascarillas quirúrgicas encargadas por el Ejecutivo andaluz a una fábrica de Alcalá la Real ( Jaén) perteneciente a Diseños NT, la principal empresa proveedora de la Consejería. El Ministerio de Sanidad, bajo el mando de Salvador Illa, actual líder del Partido Socialista en Cataluña, había ordenado el traslado del cargamento a un hospital de Madrid. El decreto ley de declaración del estado de alarma amparaba al Gobierno central a requisar todas las mascarillas, gafas y batas de protección que hubiera en las fábricas y almacenes
territorio y asuma un poder normativo similar al de Navarra y País Vasco. El anhelado cupo. Esto es, dejar de contribuir.