El presidente del CGPJ tacha la ley de amnistía de «transacción política» para investir a Sánchez
► Justifica su abstención en el Pleno y avisa: «La norma no puede ser moneda de cambio»
El presidente en funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, ha explicado los motivos por los que se abstuvo el pasado jueves en la votación de los informes sobre la ley de amnistía en el Pleno de este órgano: «Tiene un evidente componente político» y su aprobación «es la contrapartida por el apoyo de sus beneficiarios» –en referencia a los partidos catalanes independentistas– a la investidura de Pedro Sánchez. Habla de «transacción política» e incluso de «moneda de cambio».
Así consta en un documento de nueve páginas hecho público ayer, en el que Guilarte justifica su voto en blanco en el pleno que abordaba la legalidad de la proposición de ley de la amnistía. Encima de la mesa había dos informes opuestos: uno redactado por la vocal Mar Cabrejas, del sector progresista, a favor de avalar la medida y otro en contra, del vocal del sector conservador Wenceslao Olea.
En su escrito, Guilarte detalla que consideró «prudente mantener cierta neutralidad», pues insiste en que el Poder Judicial debe «abstenerse de intervenir en cuestiones políticas». Con su abstención, el CGPJ –por nueve votos a favor y cinco en contra– avaló el dictamen que concluía que la ley es inconstitucional y vulnera la separación de poderes y el principio de igualdad. Hubo un segundo vocal, Enrique Lucas, que también se abstuvo, como el presidente interino del CGPJ.
«No a cualquier precio»
En ese documento, Vicente Guilarte, quien pone de relieve que ocupa la presidencia del órgano de gobierno de los jueces «aún de forma tan accidental como accidentada», incide en que no existen precedentes de la norma, ni en España ni en el resto de naciones en las que se han acordado medidas de gracia similares.
«A diferencia de cuantas leyes de amnistía hemos conocido, la que nos ocupa no es una mera medida de gracia otorgada unilateralmente por el Poder Legislativo, sino que tiene contrapartidas políticas de gran relevancia a cargo de los amnistiables», expone. En este sentido, niega que la amnistía pueda ser una « moneda de cambio de la consecución de una mayoría parlamentaria para la investidura, pues implica convertir la medida de gracia, por definición unilateral y gratuita, en algo bilateral y oneroso».
«Puede donarse gratuitamente un riñón, pero no a cambio de precio, de igual manera que no cabría indultar, menos aún amnistiar, a cambio de una contraprestación onerosa», insiste. Y continúa haciendo la siguiente reflexión: «Habrá que preguntarse, y no soy capaz de dar respuesta adecuada, si desde una perspectiva constitucional la extinción de la acción penal puede ser prestación correlativa a la obtención de una importante contraparti
El comisario europeo de Justicia, el belga Didier Reynders, se convirtió ayer en candidato oficial a secretario general del Consejo de Europa. La consecuencia inmediata es que Reynders debe al menos pasar a una situación de excedencia mientras dure el proceso de elección y la Comisión Europea aún no ha informado sobre quién lo reemplazará para encargarse de los asuntos de su departamento hasta desda política», apunta aquí Guilarte.
Entre las razones por las que emitió un voto en blanco, destaca otro de sus argumentos. No cree que la norma tenga como finalidad alcanzar la «pacificación política y convivencial de Cataluña», dado que la misma «nunca fue esbozada previamente en el pro
Lo compara con donar un riñón por dinero: «No cabría indultar, menos aún amnistiar, a cambio de una contraprestación onerosa»
pués de las elecciones europeas del 9 de junio. Esta posición le inhabilita también para mantener el papel de mediador entre el PSOE y el PP, que asumió para tratar de desbloquear la renovación y la reforma del sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en España.
No en vano, la cita que Reynders propuso para mañana en Madrid con los negociadores del PSOE y del PP –la cuarta en menos de dos meses con grama electoral» del PSOE. Es por ello que, a su juicio, la ley aprobada en el Congreso de los Diputados tiene su origen en una «causa relativamente simulada».
En el escrito, el presidente del CGPJ dedica también un espacio a analizar las comisiones de investigación que contempla la ley, que abren la puerta a que jueces y magistrados desfilen por el Congreso de los Diputados, «por resultar flagrantemente contrario al principio de autonomía e independencia judicial, así como a la necesaria separación de poderes».
Con todo, explica que con su abstención ha pretendido, «de cara al exterior, ofrecer un posicionamiento neutral pues, queramos o no, el planteamiento de constitucionalidad tiene sin duda fuertes connotaciones políticas a las que debiéramos intentar ser ajenos». Era consciente de que su decisión podía no gustar a todos. Y, en este sentido, Guilarte aclara que asume «los riesgos de no contentar con ello a unos y a otros, sobre todo a algunos». el ministro Bolaños y Esteban González Pons– quedó finalmente aplazada a petición de los populares y tras constatar Bruselas que las partes necesitaban «más tiempo», informaba Ep, a la que fuentes comunitarias subrayaban que la razón del aplazamiento no tenía que ver con cuestiones de agenda del comisario, que estaría «disponible» para desplazarse a Madrid «en cuanto las partes estén preparadas para reunirse». Los billetes de avión de Reynders y su equipo estaban ya comprados a finales de la semana pasada, señalan esas mismas fuentes, pero fueron anulados tras constatar que Bolaños y Pons «necesitan más tiempo» antes de que se celebre ese cuarto encuentro.