Temor a que se reavive el recelo por el uso irregular de ayudas europeas
«Follow the money!!» (¡Sigan el dinero!). En ello tienen experiencia la policía y los fiscales italianos, habituados a seguir los flujos ilícitos de las mafias que pueblan el país. En esta ocasión la reconstrucción fue posible gracias a las investigaciones de la Guardia de Finanzas sobre más de 100 denuncias de transacciones sospechosas. Así se identificó a los promotores y beneficiarios de la asociación criminal multinacional que había solicitado con éxito unos 600 millones de euros en subvenciones europeas entre 2021 y 2023 con la creación de una red de empresas ficticias instaladas en Austria, Eslovaquia y Rumanía, alegando que los fondos eran necesarios para su expansión internacional.
La policía italiana detuvo a 22 personas; de las que 14 están en arresto domiciliario. Entre los bienes incautados hay apartamentos y villas, criptomonedas, relojes, oro y coches de lujo.
Italia es el mayor receptor de fondos europeos. Está previsto que reciba alrededor de 200.000 millones de euros entre subvenciones y préstamos. Ahora se teme que este presunto fraude haga renacer las preocupaciones sobre el uso indebido del fondo de recuperación de 750.000 millones acordado por la UE para reactivar la economía tras la pandemia.
El país ha registrado en el pasado casos de irregularidades en el uso de fondos públicos italianos y europeos. Precisamente, para evitar las irregularidades en el plan Next Generation, Italia reforzó el papel del comité para la lucha contra el fraude en relación con la Unión Europea. El propio Ministerio de Asuntos Europeos, en su página web, se preocupó de realizar la siguiente advertencia: «El problema de los llamados ‘fraudes contra la Unión Europea’ representa un problema de la mayor importancia para Europa teniendo en cuenta los efectos negativos que producen no sólo en el presupuesto sino también en el tejido económico-social».
De ahí que el departamento encabezado por Raffaele Fitto, muy próximo a la primera ministra Giorgia Meloni, haya recalcado que «la correcta utilización de los fondos aportados por la Unión Europea constituye un compromiso fundamental en la perspectiva de un renovado desarrollo económico en un contexto de máxima legalidad».