SORPRESA DEL FISCAL EN EL SUPREMO
LA Sala Segunda del Tribunal Supremo tendrá que resolver si revoca o no la prisión provisional de Joaquim Forn, exconsejero de Interior durante el proceso separatista de septiembre y octubre del pasado año, tras la novedosa y sorprendente petición de excarcelación hecha por la Fiscalía «por razones humanitarias». Sorprendente porque no se corresponde con el criterio general del Ministerio Público en las medidas cautelares impuestas a los dirigentes del «procés» y porque no ha habido cambios sustanciales respecto de los indicios que inicialmente justificaron el ingreso de Forn en prisión. En el contexto general de la investigación que dirige Llarena, Forn representa un factor estratégico del entramado golpista del separatismo catalán. Era el máximo dirigente político de los Mossos d’Esquadra y sucede que la evolución de las investigaciones está acreditando, con claridad meridiana, que la policía autonómica fue manipulada por la Generalitat para que permitiera la vulneración de la Constitución en las votaciones del 1-O, incluyendo actos frustrados de destrucción de pruebas.
El cambio de criterio de la Fiscalía ha venido impuesto por su máximo responsable, el fiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar, en contra del criterio de los fiscales de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Esta actuación imperativa de Sánchez Melgar es propia de una institución jerarquizada como el Ministerio Fiscal y, por tanto, legal, pero debería ser objeto de una explicación, como en su día lo fueron las querellas presentadas contra los dirigentes separatistas. En estas mismas páginas editoriales, hemos advertido del peligro de realizar «gestos» judiciales con los responsables del proceso independentista, porque el apaciguamiento, sea político o judicial, no funciona con quienes se han mostrado comprometidos con el objetivo de romper la unidad de España. Por eso, no suscita dudas la decisión del fiscal de pedir que se mantenga a Jordi Sánchez en prisión provisional, a pesar de que ha renunciado al escaño y, por tanto, a su candidatura a la presidencia de la Generalitat.
La Fiscalía ha puesto en una situación delicada a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, porque sólo la acusación popular ejercida por el partido político Vox pide mantener a Forn en prisión preventiva. Teóricamente, con esta acusación sería suficiente para que Joaquim Forn siguiera en prisión. Sin embargo, este proceso está muy vinculado a la respuesta institucional del Estado frente al proceso separatista y sería comprensible que los magistrados optaran por no interferirlo con posiciones procesales políticas y sí por conservar el apoyo del Ministerio Fiscal. La Fiscalía General haría bien en explicar públicamente las razones de su cambio de criterio. La transparencia es especialmente necesaria en casos así, sobre todo para despejar cualquier duda sobre la naturaleza de esas razones y sobre la posible existencia de corrientes de negociación que afloren en gestos como la petición de excarcelar a Forn.
En estas mismas páginas, hemos advertido del peligro de realizar «gestos» judiciales con los responsables del «procés»