ABC (Barcelona)

Sánchez apoyó en 2014 prohibir los indultos que no respaldara el tribunal sentenciad­or

▶ El líder socialista secundó en el Congreso la tramitació­n de una reforma contraria al perdón concedido ayer

- ANA I. SÁNCHEZ

Excluir del ámbito del indulto el delito de malversaci­ón o exigir que a juicio del tribunal sentenciad­or existan razones de justicia, equidad o utilidad pública para poder otorgar el indulto total o parcial. Estas son algunas de las reformas que IU propuso introducir en la Ley de Indulto en 2013 para prohibir que la medida de gracia pudiera otorgarse en las condicione­s en las que lo hizo ayer. Una propuesta que llegó al pleno del Congreso el 11 de marzo de 2014 y cuya toma en considerac­ión recibió el ‘sí’ del PSOE, incluyendo el voto a favor de Pedro Sánchez, que entonces solo era diputado y de otros miembros del Ejecutivo y dirigentes del PSC que hoy defienden los indultos a los líderes del ‘procés’ contra lo que votaron entonces: el ministro de Fomento, José Luis Ábalos; la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera; o la presidenta del Congreso, Meritxell Batet.

Además del PSOE, todos los que hoy son sus socios parlamenta­rios y entonces tenían representa­ción en el Congreso votaron a favor de tramitar esta reforma cayendo ahora en la misma contradicc­ión que Sánchez: desde ERC al PNV pasando por EH Bildu o Compromís. El texto no salió adelante porque recibió el voto en contra del PP, que en aquel momento contaba con mayoría absoluta.

La iniciativa de IU dejaba un único resquicio para sortear la prohibició­n de indultar parcialmen­te con el tribunal en contra. «El Gobierno deberá someter la petición de indulto a una Comisión Mixta, compuesta por representa­ntes parlamenta­rios y del Consejo General del Poder Judicial, para que emitan informe vinculante para el Gobierno».

«Política criminal»

La exposición de motivos de la iniciativa defendía, además, que «en la medida en que el órgano que concede el indulto es el poder ejecutivo, puede afirmarse que también tiene un claro carácter político, siendo la política de indultos una manifestac­ión de la política criminal del Gobierno». A partir de aquí, denunciaba que en «no pocos casos» la «pertenenci­a del reo a un partido político, a una institució­n pública o a poderes económicos relacionad­os, han generado polémica y dudas razonables sobre un problema preocupant­e: saber si el tipo de delito y el rango o condición del sujeto condenado influyen en la concesión del indulto».

Siguiendo este hilo, el texto advertía de que «si esto fuera así, este tipo de medidas de gracia supondría un atentado frontal para el principio de legalidad de los delitos y de las penas, y sería incompatib­le con el principio de igualdad ante la ley, por su carácter discrecion­al, arbitrario». Argumentos que tanto el PP como Vox y Cs vienen utilizando en las últimas semanas contra los indultos concedidos ayer.

Durante el debate del texto, el representa­nte socialista, Julio Villarrubi­a Mediavilla, acotó su intervenci­ón a lo referido a delitos de corrupción y añadió alguna exigencia más para la concesión de los indultos como «la exclusión de la concesión del indulto, ni total ni parcial, cuando se trate de delitos cometidos por una autoridad en el ejercicio de su función o cargo público o prevaliénd­ose del mismo con la finalidad de obtener un beneficio económico para sí o para un tercero».

También abogaba porque los informes de la junta de tratamient­o del centro penitencia­rio del reo indultado recogieran el efecto del indulto «en la reinserció­n social del condenado » . A cambio, dejaba para una fase posterior de negociació­n –que nunca llegó– la limitación a los indultos parciales.

ERC: «Debería abolirse»

Se da la circunstan­cia de que el partido que entonces se mostró más beligerant­e con los indultos fue ERC, gran beneficiar­io de ellos ahora. «La institució­n del indulto es más propia de otros tiempos. Es una figura obsoleta y debería abolirse. Esta es la opinión de los republican­os catalanes. Se trata de una intromisió­n del poder político en el Poder Judicial inadmisibl­e», defendió Joan Tardà. Desde el PNV, Emilio Olavarría consideró que la medida de gracia no debe concederse «por motivacion­es exclusivam­ente políticas» a «personas que tienen determinad­a militancia política o pertenecen a determinad­a institució­n pública o tienen caracterís­ticas especiales».

Los socialista­s elevaron al pleno en 2015 una reforma similar pero que no excluía la malversaci­ón del ámbito del indulto y otra posterior en 2017, que sí lo hizo y que fue defendida por el hoy ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. Sin embargo, no contó con el voto a favor de Sánchez porque había renunciado un año antes a su escaño.

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// EP Pedro Sánchez, ayer, entra en el Palacio de la Moncloa tras la declaració­n institucio­nal

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