Colau ofrece Barcelona para acoger a otros mil sin papeles
En dos meses, la alcaldesa «regulariza» a más de 1.500 inmigrates ilegales
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ofreció ayer por la tarde al Gobierno de España la posibilidad de que «siete barcas» con «más de mil personas a la deriva» frente a las costas de Italia puedan atracar en la Ciudad Condal. Los guardacostas italianos rechazaron, informó por la mañana la organización Open Arms, ayudar al millar de personas que estaría «sin chalecos».
Poco después, desde su cuenta de Twitter, Colau instó al Gobierno –citando al presidente, Pedro Sánchez, y a la vicepresidenta, Carmen Calvo– «a salvar vidas», rechazó que las siete embarcaciones se dejen «en manos de Libia, donde se tortura, viola y esclaviza a las personas» y señaló que Barcelona «se ofrece como puerto seguro». Y un par de horas más tarde, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, subió la cifra de acogida en la comunidad «a como mínimo 1.800 refugiados». Torra, desde Twitter, señaló que «no podemos tener mil personas a la deriva en el Mediterráneo»; y dejó escrito que: «En Cataluña estamos preparados para recibir como mínimo a 1.800 refugiados».
El Gobierno de Italia no solo negó este tipo de ayuda en el Mediterráneo, sino que lo hizo anunciado que se encargarán de ello las autoridades libias. Así, el ministro del Interior de Italia, Matteo Salvini, líder de la ultraderechista Liga, volvió a utilizar su discurso provocador, al señalar que «es justo que intervengan las autoridades libias, como están haciendo desde hace días, sin que las ONG se entrometan y molesten» y reiteró que «los puertos italianos están y estarán cerrados» para las embarcaciones con inmigrantes ilegales, informa Efe.
La decisión del Gobierno de Italia y sus críticas contra las ONG fueron respondidas por varias entidades, como Lifeline y la ONG alemana Sea-Watch.
«Carné de vecindad»
En relación al tema migratorio, ayer se conoció, según datos oficiales, que el Ayuntamiento de Barcelona entregó 1.510 documentos de vecindad a inmigrantes ilegales solo en los dos primeros meses desde la puesta en marcha de esta iniciativa, en diciembre y enero pasados.
Para el líder del PP de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, «estos DNI» no son más que «un fraude de ley, ya que pretende regularizar a personas en situación irregular saltándose la normativa de concesión de arraigo del padrón municipal que requiere conocer los medios de vida del inmigrante, su inserción social, los programas de inserción laboral que haya realizado en entidades públicas o privadas, así como la presentación de la acreditación de la vivienda en la que reside, entre otros».
Este «carné de vecindad» no tiene valor legal, ni regulariza automáticamente la situación de la persona que lo tenga en España, pero para los populares abre la puerta a que jurídicamente se pueda llevar a cabo «un fraude de ley» y legalice una situación mediante un mecanismo que no es el que está recogido legalmente.
En este sentido, según Fernández Díaz, «las políticas de Colau a través del “carné de vecindad” pueden generar un efecto llamada que en ningún caso favorece ni a la acogida ni a la integración».