Así quiere el Gobierno que las empresas financien las pensiones
Sánchez planea un impuesto a la banca, la «tasa Google» y un destope de cotizaciones que costaría más de 4.000 millones a las empresas y afectaría a sueldos de más de 45.000 euros
Las empresas están en alerta. El presidente del Gobierno no ha escondido sus intenciones de que sean ellas las que carguen con gran parte del peso de los gastos extra que se necesitan para hacer frente a la factura de las pensiones. Lo prometió en la oposición y ahora cuando ya está al frente del Ejecutivo Pedro Sánchez ha recalcado que pretende poner en marcha una retahíla de impuestos. A la banca y a las transacciones económicas, además de aplicar un nuevo impuesto digital sobre los gigantes tecnológicos. Su ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, no descartó recurrir a la imposición general para hacer frente a los nómina de los jubilados.
A estos nuevos tributos se sumará la que será la medida más efectista por su impacto en la recaudación: la eliminación de los topes de las bases máximas de cotización, lo que se conoce como destopes, una opción que estudia el Pacto de Toledo y en la que parece haber consenso. ¿Qué supondría en la práctica? Hoy empresarios y los
trabajadores aportan a la Seguridad Social por las contingencias comunes el 28,3% del salario de cada trabajador –el 23,6% lo abona el empresario y el 4,7%, el trabajador—. Este tipo de cotización no se aplica, sin embargo, sobre la totalidad de los sueldos de los trabajadores; existe un máximo y un mínimo. Este año la base mínima de cotización de los trabajadores asalariados está fijada en 1.199 euros y la máxima en 3.751,20 euros al mes, el equivalente a algo más de 45.000 euros anuales. Es la cantidad máxima que cotiza a la Seguridad Social. Todo lo que supere esta cifra queda exenta del pago tanto para el empresario como para el trabajador.
De forma paralela a estos topes las pensiones máximas que paga el sistema público también están topadas, de forma que no pueden superar el límite que cada año se fija por ley. Este año la pensión máxima es de 2.580,1 euros al mes.
Lo que ahora pretende hacer Sánchez es suprimir los topes máximos y que empresarios y empleados coticen por la totalidad del salario que pagan y reciben cada mes. ¿Cuál sería el im-
Trabajo ha avanzado que también usará la imposición general para pagar a los jubilados
pacto en los ingresos? Aplicar el tipo de cotización del 28,3% a la parte de los salarios que ahora no cotiza supondría elevar la recaudación de la Seguridad Social en más de 4.000 millones anuales. La medida recaerían especialmente sobre las empresas y los salarios más altos, lo que superan los 45.000 euros anuales, en los que se encuadran más de 1,5 millones de trabajadores, los que perciben sueldos medios y altos y se corresponden con los perfiles más cualificados. Teniendo en cuenta lo que todos los partidos, salvo Podemos, han manifestado en el Pacto de Toledo si las bases máximas suben, la pensión máxima también lo haría para así preservar la contributividad del sistema.
Esta medida suscita un rechazo frontal en la CEOE, que argumenta que España está a la cabeza en cotizaciones sociales en Europa. Considera que puede ser un desincentivo para la creación de empleo. Avisan de que es una solución simplista y de que supondría un incremento de los costes laborales, incompatible con un escenario de pleno empleo. Para la patronal se podría originar un trasvase de trabajadores al régimen de autónomos.
Las empresas españolas están entre las diez que pagan más cotizaciones en Europa en porcentaje del PIB, por delante de Alemania, Reino Unido o Portugal. Entre las economías competidoras solo países como Francia –donde las empresas pagan los mayores impuestos al empleo– e Italia estarían por delante (ver gráficos adjuntos).
Los impuestos que diseña el Ejecutivo no serán tributos «que paguen las clases medias y trabajadoras de este país», apuntó la portavoz del PSOE, Adriana Lastra. El programa del PSOE da pistas de peso sobre por dónde quiere caminar el Gobierno. La hoja de ruta de los socialistas para gobernar contiene dos impuestos a la banca: uno se trataba de un recargo en Sociedades del 8% para ingresar 870 millones mientras que el otro gravaba las transacciones financieras y buscaba ingresar más de mil millones. A ello se suma el tributo a la economía digital, que ya
estaba siendo pergeñado por el anterior Ejecutivo, aunque Sánchez señaló la semana pasada que su «capacidad recaudatoria es baja».
El Ejecutivo de Mariano Rajoy cifró en 600 millones al año los ingresos que podía deparar este año. El PSOE llevaba en su programa un «impuesto sobre la cifra de negocios para las empresas que operan en la economía digital», similar en espíritu al tributo que estaba calibrando la Agencia Tributaria para adoptarlo a finales de año.
Hacienda quería que fuera un impuesto indirecto, como el IVA, que gravara la facturación de ventas de anuncios online, la intermediación de plataformas digitales y las ventas de plataformas que utilicen datos generados por usuarios. Desde la oposición, el PSOE señalaba que, hasta que se adoptara este tributo, se debía introducir un tipo mínimo del 15% del resultado contable del Impuesto de Sociedades obtenido en España de las multinacionales, eximiendo plusvalías interiores y exenciones por doble imposición.
Anunciantes en internet
También planteaba revisar el régimen para entidades de tenencia de valores extranjeros, que sirven para aligerar la factura fiscal de las inversión extranjeras en España y crear un impuesto sobre beneficios desviados o, alternativamente, un «impuesto sobre anunciantes en internet». Todo este endurecimiento del Impuesto sobre Sociedades pretendía ingresar 4.000 millones de euros.
Además quería igualar la tributación del gasóleo y la gasolina para así recaudar 600 millones de euros y subir el IRPF a los que ganan más de 150.000 euros escalando el tipo del 22,5% estatal al 26,5% para que paguen un 47% de IRPF y así recaudar 400 millones de euros. Además, se subirá el tipo a los que obtienen más de 50.000 euros en la base del ahorro o rentas totales superiores a 150.000 euros, para recaudar otros 1.500 millones. En total, 6.500 millones de euros más de ingresos.
Más de 1,5 millones de trabajadores se verían afectados por los destopes, los que ganan más de 45.000 euros y tienen perfiles más cualificados La CEOE avisa que España está a la cabeza en cotizaciones sociales en Europa, y que subirlas tendría un impacto negativo en el empleo