El Bloc desacredita la investigación policial sobre su financiación
▶ La causa relacionada con el PSPV-PSOE y sus socios continúa viva en tres juzgados
La comisión de investigación de las Cortes Valencianas sobre la presunta financiación irregular del PSPV-PSOE y el Bloc (partido mayoritario en la coalición Compromís) en las elecciones de 2007 arrancó ayer su ronda de comparecencias con las del diputado del PP José Císcar, el presidente del Parlamento autonómico, Enric Morera, y su jefe de Gabinete,
Lluis Miquel Campos.
La causa fue llevada durante año y medio por el juzgado de Instrucción número 21 de Valencia tras una denuncia del PP ante la Policía. Al encontrarse prescrito el delito electoral pero no los de malversación, prevaricación y falsedad documental, la juez decidió trocearla y remitirla a cuatro juzgados (dos de Madrid, uno de Gandia y otro de Benidorm).
Las Cortes Valencianas tratarán ahora, antes de que finalice la legislatura, de continuar indagando sobre estos hechos. Morera, durante los años investigados, era secretario general del Bloc, pero ayer negó que tuviera constancia de la mecánica puesta de manifiesto por la juez de Valencia: que la agencia de comunicación Crespo Gomar, con la que trabajaron los socialistas y los nacionalistas de cara a la campaña, realizó servicios a los partidos de cuyo pago se habrían hecho cargo terceras empresas mediante la confección de facturas falsas.
«No ha habido ninguna financiación ilegal ni del PSPV ni del Bloc», insistió Morera pese a las consideraciones judiciales, a la vez que defendió que ningún juzgado ha abierto una causa a su partido por delitos vinculados por corrupción y que tampoco la Policía ha registrado la sede o les ha hecho algún requerimiento al respecto.
El presidente de la Cámara aprovechó para poner en entredicho el trabajo de la Policía. «No le doy ninguna relevancia a lo que dice sobre unas fotocopias presentadas por Císcar», llegó a asegurar. Una línea que, posteriormente, mantuvo su jefe de Gabinete, Lluis Miquel Campos. En su opinión, el informe policial está hecho en base a unos documentos que pueden estar manipulados puesto que contienen «tachones, una lista de precios falsos y una relación de empresas para cuadrar una cosa ficticia, sin que esos datos hayan sido probados». «Alguien ha montado un sudoku para generar el efecto de marear», remarcó. Todo ello pese a que los importes que figuraban en la documentación y que pudieron comprobarse por vía tributaria coincidían con los servicios a los partidos.
Campos es uno de los nombres que aparecen en los correos electrónicos en los que se desvelaban conversaciones sobre cómo elaborar las facturas supuestamente ficticias de trabajos electorales. Sin embargo, ayer no pudo dar explicación a este hecho y lamentó que se le haya implicado en el asunto.
Por su parte, el diputado popular José Císcar, quien interpuso la denuncia ante la Policía, comentó que si no fuera porque el delito electoral ha prescrito «en un 95 %» la investigación sobre la financiación electoral del PSPV-PSOE y el Bloc «acabaría con alguien en el banquillo, porque es muy evidente».
Ha relatado que en julio de 2016 el periódico ABC contactó con el PP porque había recibido documentación que podría estar relacionada con la financiación ilegal del PSPV y Bloc. Este periódico trasladó los papeles tal como los recibió en su redacción en un sobre sin remitente y sin manipular ninguno de ellos. Al no poder contrastar la veracidad de los hechos que se describían, en ese momento ABC decidió no informar acerca de su contenido. Tras año y medio de instrucción judicial, en marzo de 2018, este diario publicó la primera información relacionada con la causa, que la magistrada de Valencia remitió a otros cuatro juzgados.
La causa sigue
Tres de ellos han seguido adelante y actualmente figuran alrededor de una veintena de imputados. En Benidorm se indaga en las presuntas irregularidades en la adjudicación de los opinómetros, unos dispositivos para medir la opinión ciudadana puestos en marcha a través del dinero del Plan E de Zapatero y que costaron casi 300.000 euros. En Gandía, se investiga una operación sospechosa en relación a un inmueble en la que participó el Ayuntamiento. En Madrid, un juzgado estudia las posibles irregularidades en un contrato adjudicado a Crespo Gomar por el Ministerio de Vivienda. Otro juez de la capital archivó una causa relacionada con el departamento de Sanidad el pasado verano.
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