Al autor de la matanza de Atocha le restan por cumplir 10 años y medio de condena
La Fiscalía solicitó ayer formalmente la extradición del autor de la matanza de Atocha arrestado en Brasil, Carlos García Juliá, fugado desde 1996. Esta petición pone en marcha el proceso para traer de vuelta al ultra de extrema derecha condenado como autor del asesinato de los cinco abogados laboralistas de Atocha. A García Juliá le restan por cumplir diez años y medio de cárcel por aquella matanza, que tuvo lugar en el año 1977 y trató sin éxito de entorpecer la llegada de la democracia a España.
En el escrito en el que solicita la extradición, la Fiscalía explica que García Juliá tiene pendientes de cumplir 3.855 días de prisión, según el cálculo de la Audiencia Nacional, que le condenó a 193 años de cárcel. Por el tope máximo previsto en la ley, el asesinato de los abogados de Atocha debía cumplir 30 años encarcelado, de los que le restan esos 10 y medio.
Extradición desde Brasil
La Fiscalía transmite esta petición a la Audiencia Nacional, quien deberá proponer al Gobierno español que solicite la extradición a las autoridades brasileñas. Si la petición final llega en 2019, algo previsible, la entrega de García Juliá dependerá del presidente electo brasileño, el radical Jair Bolsonaro.
El Ministerio Público considera que la condena que pesa sobre los hombros de García Juliá no ha prescrito todavía, puesto que el plazo para computarla quedó interrumpido cuando se le revocó la libertad condicional, una decisión que se tomó en 1996.
En ese momento volvió a comenzar el plazo de 30 años para que la condena del ultraderechista prescribiera, con lo que la pena está vigente. «Tanto si se considera como fecha de interrupción el auto de revocación de la libertad condicional (14 de agosto de 1996), como su declaración de firmeza (6 de noviembre de 2000), no habrían transcurrido aún los 30 años previstos» en el artículo 133 del Código Penal, que establece que las penas superiores a 20 años de cárcel tienen un plazo de prescripción de 30 años.
El escrito explica el recorrido judicial de García Juliá hasta que se le perdió la pista en Bolivia en 1996, donde fue arrestado por participar en un caso de tráfico de estupefacientes. El asesino de Atocha, de 65 años ahora, fue detenido el pasado jueves en Sao Paulo (Brasil), donde se escondía haciéndose pasar por un conductor de la compañía Uber.
Tras ser condenado en 1980, A García Juliá se le otorgó la libertad condicional en 1991, cuando fue autorizado a viajar a Paraguay para trabajar, con la condición de presentarse cada mes en la Embajada española. El régimen de semilibertad se le revocó tras incumplir las condiciones.
La matanza de Atocha acabó con la vida de tres abogados laboralistas –Enrique Valdevira Ibáñez, Luis Javier Benavides Orgaz y Francisco Javier Sauquillo–, el estudiante de Derecho Serafín Holgado y el administrativo Ángel Rodríguez Leal. Fueron asesinados en el despacho laboralista de Comisiones Obreras en el número 55 de la calle Atocha de Madrid.