La Policía requisa material en Palma a periodistas del caso Cursach
▶ El juez, que investiga filtraciones, envió a los agentes a las sedes de Europa Press y «Diario de Mallorca»
La Policía Nacional, por orden del juez tras una petición de las defensas y el fiscal, se desplazó ayer hasta las sedes de Europa Press en Palma y de «Diario de Mallorca» para requisar documentación sobre el denominado caso Cursach, en una actuación judicial que estuvo motivada por la posible existencia de filtraciones periodísticas sobre dicha macrocausa de presunta corrupción policial, política y empresarial.
Los agentes acudieron primero a la delegación de Europa Press, en donde exigieron a la periodista Blanca Pou, que cubre la información sobre el caso Cursach que entregase cualquier documentación sobre el macroproceso. Finalmente, los policías se llevaron su teléfono móvil, dos ordenadores de la empresa y varios documentos.
Por la tarde, los agentes se desplazaron hasta la redacción de «Diario de Mallorca» con el mismo objetivo, pero se marcharon después de que el rotativo les comunicase que no entregaría voluntariamente ningún material. En cualquier caso, por la mañana la Policía Nacional había requisado ya el teléfono móvil a Kiko Mestre, uno de los periodistas de «Diario de Mallorca» que han informado del caso Cursach desde sus inicios. Europa Press reiteró su compromiso con «la libertad periodística y con la protección de las fuentes». «Diario de Mallorca» manifestó su «rechazo» a estas acciones judiciales, «que vulneran los derechos fundamentales a la información y al secreto profesional protegidos por la Constitución».
Rechazo y condena
La Asociación de Medios de Información (AMI), que representa a más de 80 medios españoles, entre ellos los directamente afectados, mostró ayer «su más absoluto rechazo a los registros», que «representan un grave ataque al derecho de información y a la independencia de los medios de comunicación frente a todo tipo de presiones». En esta línea se expresaron, entre otros, la Federación de Asociaciones de Prensa de España (FAPE) y la Asociación de Periodistas de Investigación (API).
En los inicios del caso Cursach, hace un lustro, el juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán investigaban la existencia de una trama de corrupción en el seno de la Policía Local
de Palma y de Calviá, de la que se habrían beneficiado además algunos empresarios.
Así, para Penalva y Subirán, el empresario mallorquín Tolo Cursach habría contado durante años con la «protección» de policías, cargos políticos locales del PP y funcionarios, que habrían favorecido sus negocios y habrían perjudicado a los de la competencia a cambio de dádivas y regalos. La investigación sostuvo que hasta controlaba la adjudicación de licencias. Pero el juez Penalva fue apartado del caso el pasado 7 de marzo, a través de un auto dictado por la Audiencia Provincial de
Palma. La Sala aceptó los dos incidentes de recusación presentados a finales del pasado año contra el magistrado. El sustituto de Penalva en la instrucción pasó a ser el juez Miquel Florit, que fue quien ayer dictó sendas órdenes de registro en las sedes de Europa Press y de «Diario de Mallorca».
Una de las decisiones más relevantes tomadas por Penalva durante la instrucción, antes de ser relevado del caso, fue haber decretado el ingreso en la cárcel de Cursach, quien permaneció en situación de prisión provisional desde marzo del pasado año hasta abril de este año.