Escrito contra la juez de los ERE Los fiscales se hartan
No pueden más. Los seis fiscales Anticorrupción de Sevilla, todos los que hay, han estallado y denunciado coralmente ante su superior, el fiscal jefe Alejandro Luzón, la negligente actitud de la juez María Núñez Bolaños en macrocausas de tanta relevancia, y mangoleta a manos llenas, como los ERE, la fundación IDEA y la Faffe, la llamada Fundación Fondo Andaluz de Formación y Empleo, donde algunos jerifaltes de ese chiringuito de la Junta, otro más, pasaron hasta ocho tarjetas de crédito distintas (los hay con afición) por el datáfono de algunos de los más afamados puticlubs de Sevilla, Cádiz y Córdoba. Solo en el Don Angelo se gastaron más de 25.000 euros de dinero público en gloriosas juergas venéreas fomentando, eso sí, el empleo más antiguo del mundo.
Y no pueden más los seis fiscales, los seis, con la actitud de la juez –que acaba de cogerse una baja tras un luctuoso revés familiar– porque uno tras otro los sumarios van decayendo por prescripción, tirando a la basura miles de horas de investigación de la Guardia Civil y el Ministerio Público, que han reunido pruebas evidentes de graves delitos corruptos. Denuncian los seis fiscales, los seis, que Núñez duerme los asuntos, dilata los tiempos o retrasa la práctica de diligencias solicitadas, o directamente se niega a realizarlas, de tal forma que no hay manera de que los asuntos sobrepasen la fase de instrucción.
Núñez es el reverso de la juez Alaya, en cuyo trolley cabía buena parte del Patio de Monipodio que tenía montado la administración socialista. Ayer mismo, la sección encargada de resolver los recursos relacionados con los ERE anuló otro auto de Núñez que acordaba el sobreseimiento de la causa matriz con respecto a cuatro ex altos cargos de Empleo, Antonio Fernández, Juan Márquez, Agustín Barberá y Francisco Javier Guerrero, aquel director general de Empleo que mandaba a su chófer a comprar cocaína para luego consumirla también en locales de lucecitas de neón rosa. Todo, insistimos, con el dinero que debía ir a fomentar el empleo o a paliar su falta.
Ni la Justicia ni la política pueden permitir que los más graves casos de corrupción habidos en España queden en nada y que ni siquiera paguen por ello esos «tres o cuatro golfos», a los que Manuel Chaves circunscribía este expolio millonario de fondos públicos. Luego fueron saliendo bastantes más. Eran, desde sus puestos en la Junta, los encargados de que disminuyera la gigantesca cola del paro ante las oficinas de Empleo en Andalucía (830.000 personas, según la última EPA). Pero se dedicaban, tarjeta en mano, a guardar su turno en el Don Angelo. Sobre estas líneas, la portada de ABC en la que denunciaba la parálisis en el juzgado de los ERE