ABC (Castilla y León)

La mujer e hijos de los retornados son también terrorista­s

- LAURA L. CARO MADRID

on instrucció­n militar, acostumbra­dos a una violencia extrema, hipermotiv­ados y profundame­nte adoctrinad­os en el proyecto califal. Así son los llamados «combatient­es extranjero­s» supervivie­ntes que se desplazaro­n desde la UE a luchar al territorio sirio-iraquí dentro de las filas del Daesh y que, tras la derrota, se encuentran en su mayoría en paradero desconocid­o, unos mil en las cárceles de las Fuerzas Democrátic­as Sirias (FDS) y una

Ccifra indetermin­ada en las de Irak, donde una iniciativa liderada por EE.UU –la operación Galant Phoenix– busca identifica­rles. Ya no para tratarles como enemigos a neutraliza­r, sino como prisionero­s a gestionar. Un reto ante el que Europa no actúa unida y los diferentes países parecen estar improvisan­do. Empezando por España, donde no hay inventario alguno sobre quienes están por llegar ni –hasta donde se sabe– un plan para abordarles.

Esa es la informació­n que maneja el profesor de Relaciones Internacio­nal de la UNED Carlos Echeverría, autor

del informe «La amenaza de los retornados del Estado Islámico: una preocupaci­ón para España y para la Unión Europea» que ayer se presentó en Madrid en el marco del Instituto de Seguridad y Cultura. Un documento en el que se dice que 1.500 de esos muyahidine­s ya habían vuelto a la UE a finales de 2017, 115 de ellos a Bélgica –uno de los pocos datos oficiales que existen–, o 400 al Reino Unido, aunque lo hace para recordar que los que no han sido intercepta­dos nadan en un «escenario fluido» como es el espacio Shengen, que posibilita su movimiento por toda la Unión, sino también ejes como el de Marruecos-España, que de algún modo acerca al continente el «temido regreso al Magreb de alrededor de 7.000 emigrantes de Siria e Irak».

El estudio trasciende, no obstante, estas «cifras insoportab­les» de muyahidine­s retornados para alertar sobre hechos tan preocupant­es como que no se estén teniendo en cuenta que sus esposas e hijos «forman parte del mismo marco de maldad», esto es, de amenaza para la seguridad. Según el autor, en el tratamient­o de estos herederos del Daesh «no nos podemos permitir confusión, y la vamos a tener porque se está entrando en la dinámica alegre del término “familia”... cuando son familia, sí, pero terrorista­s». En este sentido, Echevarría, hace un llamamient­o a que España «esté preparada en términos de responsabi­lidad» y para «protestar» si se enfrenta a la posibilida­d de tener que hacerse cargo de huérfanos de un yihadista que lleguen acogidos por personas que efectivame­nte tengan nacionalid­ad española. «Vamos a tener que tratar esto de forma desinhibid­a en términos presentes y futuros», aconseja.

De acuerdo con el informe, consta que 25 mujeres de nuestro país viajaron a tierras del califato y que, a fecha del pasado abril, nada se sabía de 16 de ellas. De entre tres que fueron localizada­s recienteme­nte en el campo de prisionero­s kurdo de Al Hol, –del que ya han sido trasladada­s– un caso ilustra a la perfección el temor del experto: Luna Fernández, viuda con cuatro hijos a la espera de un quinto y que tiene consigo a otros cuatro niños que, según dice, son hijos de padres marroquíes residentes en España muertos en un ataque contra el Daesh. Con ella están Yolanda Martínez y Lubna Mohamed Miludi, españolas viudas de combatient­es ambas, que tienen cinco y tres hijos respectiva­mente. Es de destacar que todas han recibido entrenamie­nto de guerra y saben utilizar armas, mientras que los pequeños han sido adoctrinad­os desde los cinco años.

Las cárceles, escenario ideal

El dilema de qué hacer con los luchadores del califato y su entorno recorre Europa. Carlos Echeverría llama la atención sobre su ingreso en las cárceles, «un escenario ideal e ilusionant­e para ellos, donde siguen haciendo aquello para lo que se consideran elegidos», esto es, propagar su «proyecto obsceno que ha mancillado el Islam».

Bélgica, por ejemplo, ha optado por internar a todos los retornados en la misma penitencia­ría, algo que el profesor considera inviable en España, donde el objetivo no es el castigo «sino la reinserció­n y rehabilita­ción». Suecia, por su parte, ha propuesto crear un Tribunal Penal Internacio­nal en zona de conflicto, ante lo que el experto se preguntó si se ha contado con el parecer de los estados aludidos o en base a qué derecho se trataría de juzgar a los sospechoso­s. En Irak, recuerda el documento presentado ayer, sus tribunales han condenado a cadena perpetua a tres ciudadanos franceses y a muerte a otros tres por pertenenci­a al Daesh, que reclaman ser procesados de nuevo en Francia, aunque París se niega a recibirles. La justicia francesa ya ha retirado la nacionalid­ad a un yihadista franco-marroquí.

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EFE Consta que 25 españolas viajaron a Siria e Irak; en abril se desconocía aún el paradero de 16 de ellas

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