La Comisión de Transparencia recibe 329 reclamaciones

La Comisión de Transparencia de Castilla y León, adscrita al Procurador del Común, registró en 2002, su quinto año de funcionamiento, 329 reclamaciones, cuatro más que en 2019. Según explicaron ayer desde la institución que preside Tomás Quintana, pese a que en términos generales este incremento no ha sido significativo, sí lo es considerando que, durante la vigencia de la declaración del primer estado de alarma motivado por la pandemia de la Covid-19, se ralentizó notablemente la presentación de reclamaciones. Así, en los tres meses y siete días que duró se formularon 39, mientras que solo en los dos primeros meses y medio del año ya se habían recibido 107.

Una de cada dos reclamaciones se presentó por algún medio electrónico, incrementándose el número de ocasiones en las que esta presentación tuvo lugar a través de la sede electrónica de la Comisión (124 en 2020, por 54 en el año anterior). Más de una cuarta parte fueron planteadas por cargos representativos locales; en concreto, 90, de las que 71 las formularon concejales, 18 vocales de juntas vecinales y una correspondió a un diputado provincial.

Del total, 238 tuvieron su origen en denegaciones de información solicitada a entidades locales y en 243 de las reclamaciones, la causa era la ausencia de respuesta a la petición de información. Las tres materias que dieron lugar a un mayor número de impugnaciones fueron las relativas a la información económica y de contratación de las entidades locales, a las actuaciones de carácter urbanístico de éstas y al empleo público en general.