Los jueces, que decidirán el día 25, ven lagunas en el texto de Igualdad
El CGPJ cuestiona cómo define el consentimiento «la ley del sí es sí» ▶
navirus y director del CCAES (Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias) y sus colaboradores. María José Sierra Moros, jefa del CCAES; Susana Monge, jefa de sección del CCAES, Berta Suárez Rodríguez, vinculada al CCAES, al igual que Lucía García Sanmiguel. También trabajan o han trabajado para los ministerios de Sanidad o Ciencia los demás firmantes: Silvia Rivera Ariza, Elena Vanessa Martínez Sánchez, Óscar Pérez Olaso, Pello Latasa (hasta septiembre), Monserrat Gamarra Villaverde, Jesús Pérez Formigó y Lidia RedondoBravo. Pero la mera relación de nombres o la vinculación al CCAES no ilustra al lector internacional de «The Lancet» sobre su vinculación con el Gobierno. Hay que investigar nombre a nombre.
En primera línea
Todos han estado en la primera línea de la gestión informativa gubernamental encarnada por Simón. Escribiendo sus protocolos o informes sobre el coronavirus. Simón y el jefe de gabinete de Sánchez, Iván Redondo, coordinan cada día la comunicación sobre el coronavirus. Sin embargo, Simón y demás firmantes al pie de su artículo proclaman lo siguiente: «Declaramos no tener intereses en conflicto». El artículo no detalla que Simón es portavoz sanitario del Gobierno y ha diseñado la respuesta al virus, junto con el resto de firmantes, labor que elogia dicho artículo. Norma de «The Lancet» para los autores: «Las relaciones financieras (como el empleo, las consultorías, la propiedad u opciones de acciones, los honorarios, las patentes y el testimonio de un experto pagado) son las más fáciles de identificar, las que se consideran con mayor frecuencia como posibles conflictos de intereses y, por lo tanto, las más propensas a socavar la credibilidad de la revista, los autores y la ciencia misma».
«The Lancet» también debe verificar sus propios conflictos de intereses: «Las decisiones editoriales deben basarse en la relevancia de un manuscrito para la revista y en la originalidad, calidad y contribución del manuscrito a la evidencia sobre cuestiones importantes. Esas decisiones no deben estar influenciadas por intereses comerciales, relaciones personales o agendas, o hallazgos que sean negativos o que desafíen de manera creíble la sabiduría aceptada».
A través de sendos emails se ha solicitado al director de «The Lancet» y a la matriz holandesa su versión sobre si dicho artículo cumplía sus requisitos para ser publicado: identificación de conflictos de intereses de los autores y de la editorial, criterios científicos para su publicación. También se requirió facturación anual de Elsevier con el Gobierno central, qué revistas incluyen y número de usuarios que permiten. No ha habido respuesta.
El texto de Simón admite que su pretensión no es científica, sino salir al paso de las críticas recibidas, replicar un duro editorial de «The Lancet».
Irene Montero, ministra de Igualdad, salió ayer a enmendar la plana al Poder Judicial que, en un comunicado, anunciaba por la mañana que el próximo día 25 de febrero el Pleno del Consejo (CGPJ) estudiará la propuesta de informe al anteproyecto de ley Orgánica de Garantía de la Libertad Sexual, la llamada «ley del solo sí es sí». Esta norma prioriza el consentimiento previo antes de un acercamiento sexual entre dos personas. El anteproyecto de ley cumple ahora un año desde que se publicitara en el Consejo de Ministros en vísperas de la celebración del Día de la Mujer, el 8-M, y para Montero «recoge el grito de supervivencia de muchas mujeres», por lo que, corrigió ayer la ministra, el consentimiento debe estar en el centro de esa norma.
Sin embargo, el CGPJ cuestiona la definición del consentimiento que hace la ley de libertad sexual. De hecho, en un borrador del informe elaborado por los magistrados encargados deja constancia de que hay un riesgo evidente en el anteproyecto de Igualdad y es el de que no conseguirá evitar la «victimización secundaria».
El texto de la ponencia –que no es vinculante, pero sí preceptivo para la tramitación parlamentaria de la norma– ha sido elaborado por los vocales Roser Bach, Juan Manuel Fernández y Pilar Sepúlveda, y fue distribuido ayer al resto de los miembros del órgano para que hagan sus observaciones antes del debate del día 25. Esa ponencia cuestiona dos apartados mollares del anteproyecto: la definición del consentimiento y la desaparición del delito de abuso sexual. Los togados consideran que no hacía falta introducir una definición legal del consentimiento, como prevé el Gobierno, y que hacerlo puede invertir la carga de la prueba (que sea el acusado el que tenga que probar que no hubo consentimiento, en vez de que sea la acusación la que demuestre que existió el delito). Además, cree que hará girar los interrogatorios hacia el modo en que la víctima suele prestar consentimiento sexual para determinar el alcance de las circunstancias concurrentes. Recuerda, además, que el Código Penal ya castiga los actos sexuales sin consentimiento, aunque no incluye una definición como tal.
Victimización secundaria
Respecto a la absorción del delito de abusos sexuales en el de agresión sexual, el borrador del Consejo advierte que podría desproteger a la víctima al igualar la gravedad de conductas menos «lesivas» con otras que lo son mucho más.
El texto de Igualdad ya había sido avalado por el Consejo Fiscal el pasado diciembre. Según el Ministerio, los jueces «solo plantean modificaciones, pero no cuestionan elementos centrales» de su redacción.