El tribunal
que era cuando delinquió. En el caso de los condenados del ‘procés’ ve difícil justificar el perdón de quienes «no sólo no muestran arrepentimiento alguno, sino que reafirman su voluntad de volver a delinquir». «Si estamos hablando de un perdón político, no es el indulto lo que procede» porque aunque aparentemente lo proyecte sobre una persona en particular, en realidad se trata de una «justificación colectiva». «Si va a haber indultos en serie, entonces estamos hablando de una amnistía encubierta», advierte.
Coste político
A su juicio, si esto es lo que se pretende, la única solución legal posible es modificar el delito de sedición en vía parlamentaria o una ley específica de amnistía, pero reconoce que para el Gobierno, el coste de subir a la tribuna del Congreso a explicarlo, enfrentarse a la oposición y sacar esa ley adelante sería mayor que el impacto que pueda tener una
Tras la Abogacía del Estado hablará el tribunal, que también se opondrá al indulto eventual decisión del Consejo de Ministros, más rápida, además. «¿Estaría el Ejecutivo dispuesto a poner al mismo nivel a los presos del ‘procés’ que a los represaliados de la república (amnistía del 39) o a los del franquismo (amnistía del 77)?», se pregunta.
El catedrático de Derecho Penal Luis Rodríguez Ramos recuerda que el Gobierno concede muy pocos indultos, que han de basarse en razones de justicia y equidad. Insiste en que se trata de una medida individualizada, atendiendo a las circunstancias personales de cada condenado, que obviamente no pueden ser las mismas en todos los casos. «Si estás amnistiando a todos los que han ejecutado el delito, usurpas una atribución del Legislativo de modo encubierto y en fraude de ley», señala el penalista. «Lo que no se puede hacer por la vía del indulto es olvidar, por razones políticas, que se ha cometido un delito» porque entonces el camino es otro: la amnistía.
Si esto es lo quieren hacer, argumenta, el Ejecutivo puede impulsar ese perdón colectivo en el Congreso y «borrar el delito y las penas de un plumazo». También cuenta con la opción –de hecho ya está encima de la mesa del Ministerio de Justicia– de rebajar la pena del delito de sedición, lo que beneficiaría a los presos del ‘procés’ por ser más favorable.
Para el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos José Manuel Vera, «si hay algo que un país no puede perdonar, es un delito contra el propio Estado».
Señala el profesor que aunque el perdón se envuelva en la figura de indultos individuales, «perdonar a todos de la misma manera y a la vez sería en la práctica un perdón colectivo», algo, además de fraudulento, «éticamente deplorable». Tampoco convence a Vera la viabilidad de una amnistía para condenados por sedición, pues aunque la Constitución no la prohíbe, supone, en su opinión, que «el propio sistema atenta contra sí mismo» al cuestionar sus propias resoluciones judiciales y los pilares que sostienen el Estado de Derecho.