El PP llevará al TC el decreto que carga a los jueces el control de las restricciones Covid
▶ El Congreso convalidó ayer el texto entre un aluvión de críticas y la abstención de Vox
El PP recurrirá ante el Tribunal Constitucional el real decreto ley que carga a los jueces el control de las restricciones sanitarias de las autonomías durante el resto de la pandemia. La portavoz popular, Cuca Gamarra, entiende que no pueden regularse derechos y libertades de los ciudadanos mediante un simple decreto ley y que el Gobierno, una vez más, ha vuelto a abusar de esta figura para evitar la reforma en profundidad que requiere la situación. En concreto, una ley antipandemias con todos los criterios legales y escalas de medidas o restricciones.
Los populares entienden que el nuevo decreto convierte al Tribunal Supremo en partícipe activo de la adopción de medidas administrativas cuando no le corresponde, y que la casación no es el instrumento adecuado para proteger la salud pública porque introduce un paso más en un proceso que debe ser ultrarrápido. Además, subrayan que el decreto no ha evitado la disparidad de criterios.
Uso inadecuado
Como remate, denuncian que Sánchez ha aprovechado este decreto para reformar por la puerta de atrás otros seis decretos, además de una ley y una orden ministerial. Entre ellos, textos con tan poco que ver como las medidas para hacer frente al impacto social y económico del Covid, la violencia de género, los recursos sanitarios o el mercado de la energía. Algunos de estos decretos se habían comenzado a tramitar como proyectos de ley en el Congreso, pero el PSOE y Unidas Podemos habían paralizado su desarrollo por lo que el PP entiende que la extraordinaria y urgente necesidad que requiere el uso del decreto no existe en estos casos.
Tras el varapalo que el Tribunal Constitucional asestó al Gobierno la semana pasada por utilizar abusivamente la figura del decreto ley, entre otras cosas para blindar a Pablo Iglesias en la comisión del CNI, los populares creen que este nuevo decreto correrá la misma suerte. El Constitucional fue muy claro y su sentencia se convierte en precedente.
El decreto en cuestión fue convalidado ayer en el Congreso por 189 votos a favor (PSOE, Unidas Podemos, ERC, Bildu, Junts, PDECat y Coalición Canaria, entre otros), cien en contra (PP y Ciudadanos) y sesenta abstenciones, entre las que destacó Vox, aunque esta vez su posición no era determinante para la luz verde del texto.
Pérdida de apoyos
Aunque finalmente la votación fue menos ajustada de lo esperado, se quedó lejos del amplio respaldo que cosechó la ‘nueva normalidad’, en junio del año pasado, tras superarse el primer estado de alarma aplicado para contener la pandemia del coronavirus. Entonces, el Ejecutivo obtuvo el aval de 265 diputados. Números que contrastan con los de ayer.
El desgaste sufrido por el Gobierno en este tiempo, no obstante, va más allá de lo aritmético. El abanico de reproches durante el debate, celebrado ayer por la mañana, se sucedió incluso entre los grupos que decidieron respaldar el decreto por la necesidad de
Sánchez utilizó el texto para cambiar otros seis decretos, una ley y una orden
que continúen vigentes las medidas de protección social de los colectivos más vulnerables.
Con el real decreto ley, que se tramitará como proyecto de ley a petición de la Cámara Baja, se prorrogan medidas como la prohibición del corte de suministros básicos y de desahucios contra personas en riesgo de exclusión social. Pero también se introduce la posibilidad de que las comunidades autónomas recurran en casación directamente al Tribunal Supremo cuando los tribunales superiores de Justicia tumben las restricciones aplicadas para hacer frente al Covid-19.
La vicepresidenta cuarta del Gobierno, Teresa Ribera, defendió el real decreto ley como una herramienta para «reforzar la protección» a las personas en vulnerabilidad, pero también para «dotar de cobertura legal a las medidas sanitarias de orden urgente». Este segundo punto es el que generó más recelos entre los partidos ajenos al Gobierno, que entienden que el Ejecutivo delega la gestión de la pandemia en el Tribunal Supremo.
El diputado del PP Carlos Rojas y el portavoz de Cs, Edmundo Bal, sustentaron el voto en contra de sus grupos, precisamente, en el papel que se pretende conferir al Supremo en contra del rol que ejerce en la actualidad. Este punto fue criticado con dureza incluso por Genís Boadella (PDECat) y por Josune Gorospe (PNV), cuyos partidos votaron a favor y se abstuvieron respectivamente. ERC y Bildu, que no participaron en el debate, habían sopesado la abstención a lo largo del día, pero finalmente apoyaron al Gobierno.