ABC (Castilla y León)

El desequilib­rio de reforzar con Pfizer

- LUIS CANO MADRID

La administra­ción de una segunda dosis de Pfizer a las personas menores de 60 años con un pinchazo de AstraZenec­a tensionará el calendario de vacunación. Si el Ministerio de Sanidad mantiene su propuesta, cuestionad­a por nueve comunidade­s autónomas, casi dos millones de dosis de Pfizer serán inyectadas a otros tantos trabajador­es de profesione­s esenciales y, por tanto, no las recibirán los siguientes grupos, mientras las vacunas anglosueca­s seguirán acumulándo­se.

La vacunación contra el coronaviru­s en España hasta ahora está sostenida fundamenta­lmente por Pfizer. El 70% de las dosis administra­das hasta el momento son de esta compañía. La farmacéuti­ca más regular y abundante en sus envíos, Pfizer, actualment­e entrega 1,7 millones de dosis a la semana, y en junio se esperan 2,7 millones semanales.

Una entrega semanal iría por tanto destinada exclusivam­ente a los profesiona­les esenciales que esperan completar la pauta, mientras que AstraZenec­a quedaría relegada en el plan de la protección contra el Covid-19. España ha recibido hasta ahora 5,7 millones de dosis de AstraZenec­a, y ha administra­do 4,9 millones. Casi dos millones han sido inoculadas a profesiona­les esenciales, mientras que el resto han sido inyectadas a personas entre 60 y 69 años, actualment­e el único grupo de edad que las sigue recibiendo. La estrategia de vacunación no prevé la administra­ción de AstraZenec­a a personas menores de 60 años.

Aún faltan 800.000 personas de más de esta edad por recibir el primer pinchazo. Una vez administra­da la segunda dosis a las personas entre 60 y 69 años, España habrá empleado 9,3 millones de dosis de AstraZenec­a de los 12,2 millones que, según el Ministerio de Sanidad, ha adquirido. Es decir, habrá acumulados tres millones de dosis sin destinatar­io. Sin descontar la posibilida­d de que una parte sea finalmente inoculada como segunda dosis a menores de 60 años, después de firmar un consentimi­ento informado, como han pedido algunas comunidade­s autónomas.

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