El TC admite el recurso contra la ley catalana de violencia machista
El Congreso aprueba la norma pionera que amplía el plazo de prescripción de los delitos contra menores
El Congreso de los Diputados aprobó ayer casi por unanimidad el proyecto de Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia tras aceptar los cambios que introdujo el Senado la semana pasada. Se trata del paso definitivo, pues solo queda esperar a su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para que la norma entre en vigor. La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, anunció durante el pleno que se destinarán 70 millones de euros a su puesta en marcha y despliegue.
La ley, que obtuvo 297 votos a favor y 52 votos en contra (solo Vox se opuso) introduce cambios sustanciales en la protección de los menores frente a la violencia. El más relevante, y muy celebrado por las asociaciones que defienden los derechos de los niños, fue la ampliación del plazo para iniciar la prescripción de los delitos graves a menores, que hasta ahora comenzaba a contar cuando la víctima cumplía 18 años, y con esta norma lo hará a partir de los 35 años.
Testimonio del niño
La norma –que entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el BOE– establece la obligación de escuchar al menor durante el proceso y elimina el conocido como Síndrome de Alienación Parental (SAP), que implica no dar crédito al testimonio del niño al creer que está actuando bajo la presión de sus padres. Así, se deberá reconocer la denuncia de la víctima sin tener en cuenta su madurez y se obligará a utilizar la prueba preconstituida, es decir, el testimonio grabado, hasta los 14 años, para evitar la revictimización del menor. Además,
El Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por más de 50 diputados del PP contra los arts. 1.2. j. 3. y 16 de la ley catalana de violencia machista. Consideran que esos preceptos contravienen artículos de leyes orgánicas vigentes, por lo que se vulnera la reserva de ley orgánica del art. 81 de la Constitución. Además, señalan, con esta regulación se invaden determinadas competencias exclusivas del Estado, en relación con el tratamiento otorgado a las personas transgénero.
en casos de violencia de género en los que haya indicios de que los menores hayan sufrido o presenciado la violencia, se suspenderá el régimen de visitas. Tras su paso por el Senado, se añadió a la norma la prohibición de determinadas prácticas, como las exploraciones genitales o los desnudos integrales, durante las pruebas médicas para la determinación de la edad durante la llegada de menores no acompañados.
«Esta ley es de todos y cada uno de los niños, niñas y adolescentes que nos rodean y de todos aquellos niños, niñas y adolescentes que ya no lo son pero que fueron víctimas y llevan mucho tiempo esperándola», expresó durante su intervención María de la O Redondo, diputada del PP. «Hoy es un muy buen día para la labor parlamentaria porque vamos a demostrar la mejor condición de representantes de los ciudadanos», siguió el diputado socialista Omar Anguita.
Belarra aseguró que la aprobación de esta norma supone «un hito fundamental». «El mayor éxito es mandar un mensaje a la sociedad de que no es aceptable ninguna forma de violencia hacia los niños o niñas en un estado que sea digno del nombre de democracia», sentenció. Los representantes de las principales organizaciones de la infancia celebraron su aprobación a las puertas del Congreso. «Esta ley pone a España a la vanguardia mundial en protección de la infancia», dijo Catalina Perazzo, directora de Incidencia Política de Save The Children. «Es un paso enorme pero hay que seguir trabajando, pues la ley tiene que ser desarrollada autonómicamente», aseguró Almudena Escorial, responsable de incidencia política de la Plataforma de Infancia.