Cuatro años de cárcel para Victorino Alonso por daño medioambiental en Nueva Julia
▶ El fallo señala que a la empresa minera «no le importaban nada» las obligaciones legales
El Gobierno presentó ayer su programa electoral para las elecciones del año 2050. Y es que Pedro Sánchez es así, no sabe cómo gobernar –porque le escasean los apoyos parlamentarios– de aquí al final de la legislatura, pero pretende hacer creer a los ciudadanos que tiene España pensada y repensada hasta el 2050. Y sólo semanas más tarde de que Bruselas afirmara que no estaban seguros de si el documento de ajustes que enviaba el Gobierno de España es el mismo que habían vendido a los medios de comunicación. Así es el sanchismo, siempre un órdago mayor. Presentaron el plan de ajustes a Bruselas y como les sacaron los colores necesitaban algo más impactante con urgencia. Me imagino a Pedro y a Iván a deshora en Moncloa:
—Presidente, ¿y un documento con promesas a ocho años vista y que las cumpla el que le toque?
—¿2029? Pero mira que eres pobre… ¡Promesas hasta 2050, coño, que suena más redondo y acaparará más titulares! ¡Y pon más expertos, será por promesas y por expertos, Iván!
Así es el sanchismo, un relente de estafa piramidal que cada vez coge más forma. Embauca al personal con mucha labia, mucha puesta en escena con banderitas y Falcon y helicóptero sobrevolando Ceuta, porque desde arriba los problemas siempre se ven más pequeños y sobre todo promesas de grandes beneficios, pero después no hay nada. Ahora que los beneficios no llegan, como ocurre al final en todo esquema Ponzi, porque ya van casi dos años de Gobierno, está en el manual que conviene agrandar las promesas.
Vende Pedro la promesa de mucha exclusividad que sólo es exclusiva porque lo dice él. Por eso trata de darle veracidad de cualquier forma, incluso inventándose estudios y expertos, como hicieron durante el confinamiento del año pasado. Aquello que ya parece tan lejano, pero que en cualquier país civilizado sería extraordinariamente grave. Te enseña fotos de gente importante, presume de conocer a otros, de haber hecho negocios con ellos. Te habla de Biden como socio estratégico durante las elecciones catalanas, pero cuando se descubre el pastel resulta que el presidente de los EEUU ni siquiera le ha llamado y para colmo termina siendo socio de Mohamed.
Y es que, como todo embaucador, Pedro Sánchez dirá lo que haga falta para sostener en pie la farsa. ‘España 2050’ es su último órdago para que no se descubra que entre tanto papel, flash, y experto, en verdad no había nada. «Todo valía para la promotora con tal de extraer el carbón y obtener rendimientos económicos. El cumplimiento de obligaciones legales ni valía la pena, ni importaba nada», aseveran los magistrados en la sentencia de la Audiencia Nacional hecha pública ayer y que zanja el procedimiento iniciado días atrás contra el empresario minero Victorino Alonso. En el fallo, el conocido popularmente como «el rey del carbón» es condenado a cuatro años de cárcel y al pago de 24 millones de euros en concepto de responsabilidad civil por los daños causados al medio ambiente en una zona protegida entre Cabrillanes y Villablino (León), al haber explotado en ella durante más de cuatro años una mina de carbón: el cielo abierto de Nueva Julia.
La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de León considera que Alonso es culpable de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente y apoya esta decisión en que la actividad minera en Nueva Julia suponía un «incumpliendo de forma flagrante» tanto de la legislación aplicable como de las condiciones impuestas en la Declaración de Impacto Ambiental. La sentencia recoge, además, que la mina «produjo un grave riesgo para el medioambiente y los recursos naturales» de la zona y causó «graves daños en hábitats de interés comunitario», ocasionando «impactos muy significativos sobre el agua, el suelo, la atmósfera, la fauna y la flora». En el fallo se refleja también que para la empresa promotora «lo único importante» era extraer el mineral existente en el área. La Audiencia ha fijado la pena de prisión teniendo en cuenta la concurrencia de varias circunstancias agravantes (clandestinidad de la actividad y obstaculización a la actividad inspectora); la enorme extensión de la zona afectada; el tiempo de explotación; la «enorme gravedad de los daños y riesgos» causados tanto al medio ambiente como a los recursos naturales, alguno de ellos irreversible; el «altísimo coste» de reparación y el hecho de que los graves hechos enjuiciados «sólo dependieron de su voluntad».
ALONSO