«El Gobierno de Países Bajos actuó contra la ley y mintió al Parlamento»

Eva González Pérez Abogada ▶ Firme contra la injusticia y la discriminación, es responsable del proceso que hizo caer al Ejecutivo neerlandés en una historia de película

Señalado por discriminar a miles de familias en la ayuda estatal para guarderías, el Gobierno holandés de Mark Rutte renunció en bloque a principios de año. El escándalo político había comenzado con la denuncia de una abogada de origen español, Eva González Pérez, que defendía a los padres afectados, la mayoría inmigrantes, en un largo procedimiento que llegó a involucrar incluso al Parlamento. Entre las instituciones, la prensa y la labor ante los tribunales de González acorralaron al Ejecutivo para evitar «una injusticia sin precedentes», según el Congreso neerlandés.

Acostumbrada a lidiar en los juzgados desde hace veinte años con difíciles situaciones sociales –al defender a aquellos que deben ingresar en un psiquiátrico contra su voluntad– y experta en derecho laboral, González se involucró en este litigio por casualidad. En julio de 2014, los clientes de su marido, dueño de una guardería, recibieron una notificación de Hacienda, en la que se les comunicaba que quedaba anulada la ayuda estatal que recibían para pagar el parvulario. Una factura que puede rondar los mil euros al mes.

«En Holanda no hay guarderías públicas, pero el Estado devuelve un porcentaje de lo pagado, según los ingresos familiares», explica Eva González, que participará en el congreso WomenNow que se celebra los días 9, 10 y 11 de junio en Madrid. Además, Hacienda les acusaba de fraude y les obligaba a devolver el dinero recibido hasta entonces. «Pero no daban las razones por las que se tomaba esa decisión. Yo me ofrecí a llevar los documentos que demostraban que cumplían todos los requisitos», recuerda González quien, en ese primer momento, creía que sería un simple procedimiento administrativo. Pronto descubriría que sus 157 clientes eran sólo la punta de un iceberg de 26.000 familias. Pasaron varias semanas, y la Administración se negó a darle una respuesta. «Eran personas vulnerables, algunas tuvieron que vender sus casas para pagar la supuesta deuda», recuerda.

Más de un año después, un juez dictaminó

Su marido turco tenía una guardería y los clientes no recibían la ayuda estatal