Los indultos y la rebaja del delito de sedición que anuncia ahora Sánchez convierten sus promesas electorales en falsedades
Junqueras ha despreciado la medida de gracia y en ningún momento ha mostrado arrepentimiento por sus hechos delictivos
cia implica su cumplimiento» y recordó que «nadie está por encima de la ley». El día 31 de ese mes, en una entrevista radiofónica en La Moncloa, explicó que «se podrían dar otro tipo de debates más constructivos, porque el del indulto no está encima de la mesa». En esas mismas fechas, Carmen Calvo afirmaba que el cumplimiento de las penas de los doce condenados del ‘procés’ «debe ser íntegro», y la ministra portavoz María Jesús Montero hacía declaraciones en idéntico sentido.
El 22 de octubre de 2019, el cerebro del golpe de 2017, Oriol Junqueras, despreció la medida de gracia con una procacidad ya célebre: «Que se metan los indultos donde les quepan». Ahora ha publicado un artículo tacticista para que a Sánchez le resulte menos gravoso políticamente sacarlo de la cárcel. En ese texto asegura que no reincidirá en la vía unilateral de ruptura, pero en ningún momento muestra arrepentimiento por sus hechos delictivos de 2017. Por el contrario, en los últimos años la proclama «lo volveremos a hacer» ha sido la divisa constante de Junqueras. Los presos han pedido siempre la amnistía, no indultos, una gracia que observan con displicencia. Cuando el Supremo les hizo la preceptiva consulta al respecto, ni se dignaron a contestar. Solo lo hizo Jordi Cuixart, pero para rechazarlos de manera explícita: «La prioridad como preso político no es salir de la cárcel».
En la campaña de los comicios de
de 2019, concurrió prometiendo un endurecimiento de los delitos contra la unidad de España, castigar de nuevo como delito la convocatoria de consultas y traer a Puigdemont para que respondiese ante la Justicia española. Los indultos y la rebaja del delito de sedición que ahora anuncia convierten sus promesas electorales en falsedades palmarias. De consumarse, habría ganado los comicios mintiendo y engañando a los españoles
El Gobierno de Sánchez ha aceptado sentarse en una mesa bilateral en La Moncloa con los dirigentes de la Generalitat separatista para debatir cambios en el modelo territorial, que afectarían al conjunto de los españoles. El formato de la reunión supone escenificar una suerte de encuentro entre dos Estados, como si Cataluña estuviese ya fuera de España, y además le otorga un trato diferenciado y preferente respecto al resto de las comunidades, que sí han observado una escrupulosa lealtad con la Constitución. La llamada ‘mesa de diálogo’ resulta ofensiva para muchos españoles, que no comparten que su Gobierno se siente con quienes imponen como orden del día debatir «la autodeterminación y la amnistía», dos figuras que no caben en la Constitución. La ONU tampoco admite la autodeterminación para países de las características de España, solo en procesos de descolonización.
Si el propio Gobierno de España
de manera reiterada una supuesta «judicialización de la política», si da a entender que las penas del Supremo fueron ideológicas y excesivas, el eco de esos planteamientos pesará cuando el Tribunal de Estrasburgo evalúe la sentencia de nuestro más alto tribunal (de hecho el Ejecutivo ha llegado a insinuar que vería con buenos ojos que la eche abajo). Los indultos y la rebaja de las penas por el delito de sedición provocarán además que si se produce una nueva intentona de los separatistas resultará mucho más difícil sumar
El Artículo 62 de la Constitución establece que «corresponde al Rey», entre otras funciones, «ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales». Lo que pretende hacer el Gobierno no es un indulto para un caso individual, sino más bien un indulto general a toda la cúpula del desafío sedicioso de 2017, con lo que la constitucionalidad de la medida parece muy discutible. Pero además los indultos suponen una contradicción frontal con el espíritu del importante discurso de Felipe VI del 3 de octubre de 2017, que resultó clave para reponer el orden constitucional en Cataluña.
El sueño de la Transición era que el Estado Autonómico, una suerte de federalismo a la española, apaciguaría las veleidades independentistas. Ha ocurrido exactamente lo contrario. Los gobiernos nacionalistas han aprovechado la sucesiva asunción de competencias para ir tejiendo los mimbres de una suerte de Estado propio, al que solo le faltaría dar el paso final (tal fue la estrategia de Pujol mientras fingía ser un hombre de Estado autonomista y posibilita). El debilitamiento del Estado y su entreguismo, con pasos como la cesión de la educación a las comunidades, solo han servicio para favorecer la implantación y fuerza del separatismo, que estalló de modo dramático en los hechos de 2017 que ahora se pretende perdonar.
Prueba de que las cesiones no conducen a nada es el documento de un dirigente ERC, incautado por la Guardia Civil en octubre y revelado el viernes por los medios tras ser ocultado por el Gobierno, donde se explica claramente la estrategia separatista: la ‘mesa de diálogo’ debe servir para «debilitar al Estado» y es solo una farsa previo paso a la liberación de los presos y un referéndum, o incluso otra declaración unilateral de independencia si el Gobierno se resiste a la consulta. En paralelo, el partido de Puigdemont afirma claramente «que si la mesa fracasa iremos a una estrategia de confrontación». Aragonés reclama una amnistía y recalca que con los indultos «no se acabaría el conflicto», solo con la autodeterminación. Nada los satisfará hasta la independencia, de ahí el fatal error de unos indultos que harán esa ruta más asequible.