Sánchez intenta quitar poderes al TC contra el criterio de los jueces

▶Una sentencia de 2016 avala la constitucionalidad de los instrumentos de ejecución de sentencias que quiere derogar el PSOE ▶Los socialistas sí preservarán, en cambio, el recurso previo de inconstitucionalidad El PSOE tacha las capacidades del tribunal d

Tras la arremetida contra el Consejo de General del Poder Judicial le llega el turno al Tribunal Constitucional (TC). El PSOE tiene previsto derogar los instrumentos para la ejecución de sus sentencias por considerarlos contrarios a la naturaleza de la Carta Magna, pese a que en noviembre de 2016 este tribunal confirmó su constitucionalidad en un fallo, el 185/2016. Los socialistas vienen así a cuestionar el criterio del TC, el órgano competente para controlar la constitucionalidad de las leyes y al que la Ley de Leyes atribuye la potestad de obligar al cumplimiento de sus sentencias. Tribunales homólogos de varios países de nuestro entorno como Austria o Alemania cuentan con poderes similares.

Este tribunal se pronunció sobre sus propios poderes después de que el Gobierno vasco los recurriera argumentando que desnaturalizaban la concepción y la configuración constitucional al situar su jurisdicción por encima de los demás órganos constitucionales. También alegó que vulneraban el principio de legalidad penal, el régimen de aforamientos y el principio de autonomía política de las comunidades. Argumentos todos ellos que el TC desechó subrayando no solo que sus instrumentos tienen plena legitimidad sino que no desnaturalizan el modelo constitucional y confirmando que las Cortes no excedieron sus facultades al aprobarlos en 2015, de mano del Partido Popular.

Desde entonces, el PNV intenta conseguir por la vía política lo que no logró por la vía judicial impulsando en el Congreso reformas para su derogación. La primera en 2016 y la segunda ahora en tramitación. En este camino ha encontrado como aliados no solo a los partidos independentistas sino también al PSOE. El partido de Pedro Sánchez está dispuesto a echar abajo estas atribuciones, que permiten al TC notificar de forma personal sus resoluciones con apercibimiento de desobediencia, suspender cautelarmente los nombramientos de los cargos y autoridades que obstaculicen sus resoluciones, imponer multas coercitivas o requerir el auxilio de las Administraciones Públicas para la ejecución de sus resoluciones.

El portavoz socialista en la Comisión Constitucional, Odón Elorza, se aferra a que la ley orgánica del TC ya ofrece instrumentos para hacer cumplir sus sentencias y califica de «problemático» que este tribunal pueda apartar a los cargos públicos que ignoren sus dictámenes. «Podría alcanzar al presidente del Gobierno o al de una comunidad autónoma», argumenta, «afecta a la arquitectura constitucional española». Elorza tacha las nuevas competencias del Constitucional de «innecesarias y desorbitadas», asegura que cambian «la naturaleza de la jurisdicción constitucional del tribunal» y que suponen «un desequilibrio en el reparto de funciones entre los poderes constitucionales».

El PP introdujo estos instrumentos en un momento en el que contaba con mayoría absoluta y con el objetivo de dotar al TC de poderes disuasorios y

El Gobierno quiere conceder la medida de gracia a los golpistas cuanto antes. La vicepresidenta Carmen Calvo ha señalado que el Consejo de Ministros aprobará los indultos mañana martes 22 de junio o el siguiente, día 29. El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, explicará la medida ante el Congreso el próximo 30 de junio, pero incluirá los asuntos de los últimos Consejos Europeos en la misma comparecencia.

El Ejecutivo también prepara la reforma para rebajar las penas del delito de sedición. Esta maniobra beneficiará a los independentistas fugados, como Carles Puigdemont, y favorecerá su regreso ya que encararán un castigo más reducido. Además, dará jaque a la sentencia del ‘procés’ al trasladar que las penas actuales son desproporcionadas. No hay fecha fijada para este cambio, que ya está redactado, y para el que el Gobierno aguarda al momento oportuno.

Los votos particulares de los dos magistrados progresistas del TC que no estuvieron de acuerdo con confirmar la condena de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart son otra punta de lanza contra la sentencia del ‘procés’. Ambos escritos consideran que hubo desproporción en las penas impuestas y aluden a varias sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, lo que allana el recurso de Sànchez y Cuixart ante el Tribunal de Estrasburgo.

El recorte de poderes al Tribunal Constitucional se prepara cuando hace solo tres meses PSOE y Podemos eliminaron la capacidad del Consejo General del Poder Judicial para realizar nombramientos cuando se encuentra en funciones, como sucede ahora. Esta reforma se llevó a cabo contra el criterio de los propios jueces y sin recabar los informes previos de los órganos consultivos. agilidad ejecutiva para asegurar el cumplimiento de sus sentencias frente al pulso secesionista catalán. Ahora, el vicepresidente de la Comisión para la Auditoría de la Calidad Democrática, el popular Jaime Olano, advierte de que derogar estas facultades supone «facilitar la destrucción de nuestro sistema constitucional nacido en el año 1978» porque «dificultan» que el independentismo utilice la vía unilateral. «El peligro», advierte, «no ha desaparecido». «A nadie le puede sorprender que el propósito de ERC, de Junts, del PNV, de Podemos o de los filoetarras de Bildu sea derogar la reforma del año 2015», subraya. «Lo que resulta realmente peligroso, es que todos esos partidos que cuestionan nuestro sistema democrático o bien están en el Gobierno o bien son los socios de legislatura del PSOE», añade.

Este nuevo plan de recorte de poderes a la Justicia avanza en el Congreso tan solo dos meses después de que PSOE y Unidas Podemos aprobaran la reforma que impide al Consejo General del Poder Judicial realizar nombramientos cuando se encuentra en funciones. Un cambio introducido contra el criterio de los propios jueces, que pidieron ser escuchados sin éxito, pero también sin que el texto fuera sometido al dictamen de los órganos consultivos y sin la participación de los agentes implicados.