ABC (Castilla y León)

Luz verde al inicio del proceso de exhumación de los cuerpos del Valle

▶ San Lorenzo de El Escorial autoriza las obras para asegurar el acceso a las criptas

- V. R. ALMIRÓN / E. DELGADO MADRID

El Gobierno ya puede entrar al Valle de los Caídos, pero solo a apuntalar y acondicion­ar los accesos a las criptas donde se encuentran los osarios. La vicepresid­enta primera y titular de Memoria Histórica, Carmen Calvo, anunció que el Ayuntamien­to de San Lorenzo de El Escorial ha dado luz verde a la licencia de obras solicitada por La Moncloa. Estos trabajos, incluidos en una subvención por valor de 665.000 euros, hacen referencia a las actuacione­s «necesarias para el acceso y afianzamie­nto del paso al interior de los distintos niveles de las criptas».

Se trata del primer trámite que el Ejecutivo iniciará sobre el terreno, pero no implica la salida, al menos a corto plazo, de los restos de ninguna víctima de las criptas del Valle de Los Caídos. Esa, previsible­mente, será la siguiente etapa, una vez que se den las condicione­s de seguridad para acceder a los lugares de enterramie­nto. Según los cálculos del Gobierno, hay más de 33.000 personas allí sepultadas.

Como es habitual con este tema, las familias de las víctimas se volvieron a enterar de los avances en el procedimie­nto a través de los medios de comunicaci­ón. Eduardo Ranz, abogado que representa a ocho de ellas, confirmó este extremo a ABC, aunque valoró positivame­nte que se dé un nuevo paso. De igual modo, espera que cuando llegue el momento, los primeros restos que salgan de Cuelgamuro­s sean los de los Hermanos Lapeña. Los descendien­tes de estos dos aragoneses fueron los primeros en iniciar la batalla legal e incluso tienen una sentencia que obliga a ello. Hay otras 50 familias que han reclamado que se saque a sus parientes del enclave.

La satisfacci­ón del representa­nte legal de los familiares contrasta con el malestar de Pablo Linares, presidente de la Asociación en Defensa del Valle de los Caídos. En conversaci­ón con este diario, advierte que su entidad interpondr­á «un recurso contra la decisión de San Lorenzo de El Escorial» y denuncia que la autorizaci­ón a las obras «obvia los derechos» de aquellas familias «que no quieren que se toquen restos de los suyos». De igual modo, Linares espera que estas obras no interfiera­n demasiado en el día a día del Valle de los Caídos: «En principio no debería afectar ni al culto ni al turismo».

El proyecto validado por San Lorenzo de El Escorial incluye «la adopción de medidas de seguridad» para acometer los trabajos, «la retirada o desmontaje de cerramient­os, instalacio­nes y enseres para los accesos a las criptas; la realizació­n de dichos accesos» o, entre otras, «la adopción de medidas que garanticen la seguridad estructura­l para la inspección interior de cada una de las criptas».

A estas alturas, el Gobierno también tiene el visto bueno para proceder a la aprobación definitiva de la Ley de Memoria Democrátic­a. Inicialmen­te se esperaba su aprobación en el Consejo de Ministros del próximo martes día 29 de junio. Pero fuentes gubernamen­tales trasladaro­n ayer que finalmente no será en esa fecha.

El hallazgo, que se produjo hace varios días entre Añaza y Radazul, tras cambiar la zona de rastreo, se correspond­e a dos botellas de aluminio más pequeñas (de entre medio kilo y un kilo de peso) que la primera que se encontró (de unos diez) y que permitió localizar el cuerpo sin vida de la mayor de las niñas de Tenerife, Olivia, de seis años. Ni Anna, de un año, ni su padre han sido encontrado­s todavía y ahora se les busca en una zona más alejada a la del lugar en el que apareció Olivia.

Durante uno de los primeros registros domiciliar­ios en la casa de Gimeno en Igüeste (Candelaria) la Guardia Civil encontró una factura de compra de esas dos botellas de oxígeno pensadas para la práctica de apnea, más pequeñas que las de buceo y de uso individual, como se ha dicho. Ese documento ha servido para identifica­rlas como propiedad del padre de las pequeñas. Según informó ‘Buenos Días, Canarias’, los agentes comprobaro­n

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// REUTERS

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